Redacción – Luego de que la ministra a.i. de Hacienda, Priscila Zamora, anunció este lunes ante la Comisión de Asuntos Hacendarios dos traslados de recursos del Presupuesto Nacional de los Ministerios de Educación Pública (MEP) y de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al Ministerio de Seguridad Pública por ₡6 mil millones para atender el Programa Costa Rica Segura, los diputados mostraron su preocupación ante esta medida.
Según la jerarca, el reacomodo de los recursos se utilizará para atacar a los grupos de la criminalidad especialmente los relacionados con el narcotráfico en el Ministerio de Seguridad Pública y en el Ministerio de Justicia y Paz y la compra de pólizas para la protección policial.
“Las rebajas en el MOPT serán por ₡2.800 millones y en el MEP por ₡3.200 millones. Se destinan para atender 300 plazas policiales por ₡1.708 millones para la represión del narcotráfico, así como para el aumento de materiales para fuerzas policiales por ₡1.671millones. Alimentos por ₡800 millones y ₡579 millones en seguridad aérea”, señaló Zamora.
Los legisladores consideraron que esta medida no es la idónea, ya que se está tapando un problema que en su momento pudo tener más recursos y ahora se le suma que tanto el MEP, como el MOPT, dejarán de contar con recursos para cumplir sus objetivos.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sonia Rojas, estimó que no se deben rebajar los recursos de la Educación para atender Seguridad y criticó la reducción de los ₡1.700 millones del transporte estudiantil.
El diputado de Nueva República, José Pablo Sibaja, resaltó las contradicciones en el tema de transportes porque el Ministerio ha venido diciendo que no hay recursos por ₡24 mil millones para traslado de estudiantes. “Y ahora con este cambio de destinos de recursos se desviste un santo para vestir a otro”.
El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliecer Feinzaig y la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, manifestaron su preocupación por el gasto que se hará en nuevas plazas pues se convertirán en un gasto permanente.
Bajo esta misma línea, también se mostró la Contralora General de la República, Marta Acosta, quien explicó que las modificaciones presupuestarias no tienen efectos fiscales y criticó que se suprime el servicio de transporte para seis mil estudiantes especialmente para el segundo semestre, aunque no sobrepasa la regla fiscal.
