El caso Madre Patria tiene contra las cuerdas a tres figuras políticas con implicaciones electorales directas: el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, el diputado del PUSC Leslie Bojorges y la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez y a esta hora, el silencio del viceministro es sepucral, la alcaldesa acusa al diputado de embarcarla y el diputado afirma que no tiene “una bolita de cristal” para saber quien es delincuente y quién no.
“Madre Patria” una investigación que arrancó en 2022 implicó 47 allanamientos y el decomiso de 38 vehículos y 13 buses de servicios en Alajuela y Puntarenas.
El caso ha dado un nuevo giro, con el decomiso del teléfono al diputado, la alcaldesa yel viceministro.
La Fiscalía ha avanzado lento, sin embargo, los ramales del caso se extienden al PUSC y a uno de los despachos más cercanos del presidente Rodrigo Chaves.
El caso que incluye lavado de dinero y amedrentamiento sobre aparentes fraudes registrales y legitimación de capitales incluye ahora el decomiso del celular de la presidenta ejecutiva del IFAM, Marlen Luna, quien en algún momento de esta administración se desempeñó como directora de Migración y viceministra de Gobernación.
