Coopesalud R.L una de las cooperativas que brinda servicios de administración de Ebais a la Caja, denunció faltas graves de parte de la Fiscalía de Probidad en el manejo de la prueba del caso barrenador, por lo que ahora, los investigadores, están siendo investigados.
El descarte público de una de las pruebas de la defensa, calificándola como falsa, motivó al equipo jurídico de la cooperativa a llevar a los miembros de la Fiscalía de Probidad ante la Inspección Fiscal, por incumplimiento del artículo 205 del Código Procesal Penal y el 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La necesidad de desechar prueba que pueda traerse el caso abajo, llevó a los fiscales de probidad a descartar y hacer público dicho descarte, la prueba que señalaba ahorros millonarios para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la contratación de cuatro cooperativas de salud para continuar la gestión de 138 Ebais en el Valle Central.
Esta prueba afectaría directamente las intenciones de la Fiscalía de Probidad de procesar con éxito a los señalados en el caso, incluidas las cooperativas de Salud, pese a que la principal figura tras la cual se enfoca la Fiscalía es la expresidenta de la Caja, Marta Esquivel.
De ser cierta la prueba que evidencia ahorros millonarios y manipulaciones de parte de la Fiscalía de Probidad, el papelón de los fiscales sería mayúsculo.
Lo denunciado por Coopesalud, implica la filtración ilegal de información a un medio de comunicación que días después fue dado a conocer por la oficina de Prensa del Ministerio Público.
“No vamos a tolerar ninguna falta al deber de ninguno de los actores involucrados en este proceso, llámese Contraloría General de la República, llámese Caja Costarricense del Seguro Social, llámese Auditoría Interna, llámese Ministerio Público”, afirmó Sergio Castillo, abogado de la cooperativa.
En la reciente comparecencia ante la Comisión Especial Legislativa que investiga el proceso de contratación de servicios con las cooperativas, los funcionarios del Área de Contabilidad de Costos de la Caja aceptaron la existencia de dicha versión preliminar, pero evitaron referirse a su autoría, en vista de la investigación en curso.
“La Fiscalía de Probidad calificó de falsa la prueba en formato físico, sin que mediaran pericias de expertos en materia técnico-financiera y sin que se revisara su versión digital, con lo cual se indujo a confusión a la opinión pública, y causó un daño más a nuestra reputación” señaló Castillo.
El abogado recalcó que la actuación de la Fiscalía de Probidad, al emitir un criterio subjetivo, sin que medie un estudio técnico competente y que, además, no consta en el expediente, violenta el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el 295 del Código Procesal Penal; así como directrices internas de la Fiscalía General.
La cooperativa insiste en que una investigación a fondo en la que se analicen, de forma técnica y objetiva, los elementos contables a la luz del pliego de condiciones del proceso licitatorio 2023LY-000002-0001101142 y demás documentos relacionados con el caso, dejará al descubierto la verdad real de los hechos.
Ante ello, Coopesalud, que acumula 36 años de prestación de este tipo de servicios, reitera su confianza en que el proceso, ahora a cargo de la Fiscalía General, se llevará a cabo de forma proba e independiente, sin sesgos políticos ni ideológicos que distorsionen los hechos investigados.
