Diez cantones, ocho de ellos ubicados en la gran área metropolitana (GAM), son los que mayor participación de cotizantes tienen en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Se trata de San José, Heredia, Alajuela, Escazú, Cartago. Montes de Oca, Santa Ana, Goicoechea, San Carlos y Pérez Zeledón. En conjunto, aportan el 60.19% de la totalidad de cotizantes.
Sin embargo, de manera desagregada, las brechas saltan a la vista. Mientras que San José aporta una participación del 25.59%, el porcentaje baja a un 7.35% en Heredia y a un 5.47% en Alajuela. En San Carlos es de un 2.8% y en Pérez Zeledón un 2.35%.
El IVM de la Caja enfrenta presiones estructurales ante un aumento del envejecimiento poblacional, la alta informalidad laboral, una baja en la natalidad y las presiones fiscales del Estado. Generalmente, los análisis que se hacen al sistema abarcan parámetros financiero-actuariales. Sin embargo, no se había considerado antes un estudio del impacto territorial sobre el régimen.
Esta tarea la realizó el Centro de Investigación en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), utilizando datos oficiales de la CCSS, como acápite del primer informe Programa Macroeconómico 2026.
Para los investigadores del Cinpe-UNA, existe una asimetría territorial entre aquellos cantones con una mayor actividad económica, empleos formales y masa salarial cotizante frente a otros (principalmente en zonas rurales o costeras) con menor desarrollo relativo.
Esta situación expone un nuevo frente de vulnerabilidad de cara a los esfuerzos por procurar la solidez del principal régimen de pensiones del país. “La creciente divergencia entre territorios que generan cotizaciones y aquellos que concentran el gasto, podría intensificar tensiones distributivas, especialmente en un contexto de transición demográfica y cambios en la estructura del empleo”.
Asimismo, la falta de integración explícita del enfoque territorial en el análisis actuarial limita la comprensión completa de los riesgos y oportunidades del sistema”, enfatiza el Cinpe-UNA en su investigación.
Números y realidades
Entre el 2009 y el 2025, el gasto del IVM como proporción del producto interno bruto (PIB) subió de un 1.63% a un 3%. Su peso dentro de la economía se evidencia al compararlo con otros regímenes, cuyos porcentajes de participación son más bajos, como el Régimen No Contributivo (0.36% del PIB), el Magisterio Nacional (0.106% del PIB) y el del Poder Judicial (0.20% del PIB).
Este gasto en pensiones tiene una dimensión social como “estabilizador económico territorial”, según el Cinpe-UNA. De acuerdo con el informe, “cumple un rol clave como mecanismo de estabilización económica en territorios con menor dinamismo productivo, donde constituye una fuente relevante de ingreso para los hogares.
Los resultados de la investigación establecen que la concentración del sistema contributivo del IVM está vinculada a la geografía económica del país. Por ello, cantones como Belén, San José, Escazú y Montes de Oca tienen tasas de intensidad de cotización mucho más altas, del 206%, 191%, 142% y 139%, respectivamente.
Estos territorios concentran sedes corporativas, oficinas administrativas, parques empresariales, instituciones públicas y privadas, así como servicios intensivos en capital y conocimiento, que favorece relaciones laborales asalariadas, formales y registradas.
En contraste, cantones con menores tasas de cotización reflejan una débil cantidad de empleos formales. Tales son los casos de Río Cuarto (3%), Puerto Jiménez (4%) y Monteverde (11%) que ocupan las posiciones más bajas del ranquin.
La suma de las remuneraciones brutas por cantón ubica a San José (245 mil millones de colones), Alajuela (95 mil millones de colones), Heredia (61 mil millones de colones) y Santa Ana (54 mil millones de colones) como los principales cantones según masa salarial. Para el Cinpe-UNA esto “confirma que la mayor parte de las cotizaciones al IVM proviene de un grupo reducido de cantones con alta actividad económica y niveles de ingresos elevados”.
En cuanto a sectores laborales y su impacto en la cotización, el estudio arroja indicios relevantes. Por ejemplo, la mayor concentración de empleo cotizante es el de industria manufacturera con un 5,72, seguido de transporte y comunicaciones con 4,21 y servicios inmobiliarios y empresariales con un 4,07.
Por el contrario, sectores como agricultura (0,52), pesca (0,48) y electricidad (0,60) tienen un menor aporte al sistema.
El informe detalla a su vez una serie de recomendaciones de política pública ante el desafío que significa dar sostenibilidad financiera al régimen del IVM.
Propone, por ejemplo, un fortalecimiento de la base contributiva por medio de la formalización del empleo, con esquemas simplificados de cotización para trabajadores independientes y microempresas, incentivos fiscales y un fortalecimiento de la fiscalización en sectores donde exista alta evasión contributiva.
Asimismo, y en sintonía con el enfoque de la investigación, advierte de la necesidad de incorporar el enfoque territorial, de manera que se puedan desarrollar sistemas de información que monitoreen cotizaciones, masa salarial y beneficios por cantón, así como diversificar la base contributiva.
Otras medidas sugeridas por el Cinpe-UNA son una mayor articulación entre política productiva y sostenibilidad previsional, fortalecer la gobernanza del sistema tripartito y los sistemas de información y análisis, para una “mejor rendición de cuentas”.
Finalmente, el informe es claro en que la sostenibilidad del IVM no debe basarse únicamente en ajustes paramétricos como edad de retiro o tasas de cotización, sino contemplar una combinación del desarrollo de empleo formal, gobernanza del sistema, ajustes actuariales responsables, la visión territorial y la protección básica de la función social que desempeña el régimen.
Alonso Mejía.
