William Aguilar | EP. Según el diputado frenteamplista, Edgardo Araya, un bloque de derecha, integrado por Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Movimiento Libertario (ML), eliminó un apartado del nuevo Código Procesal Civil, que permitiría demandar a empresas que causen daños que afectan a la colectividad, como por ejemplo, acciones en perjuicio del medioambiente.
Araya dice que esto lo hacieron a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en donde los legisladores Antonio Álvarez Desanti, Juan Luis Jiménez Succar (ambos del PLN), Gerardo Vargas, del PUSC y José Alberto Alfaro del ML, mocionaron el día miércoles para prescindir del capítulo del nuevo código, logrando su objetivo.
Dicho apartado permitiría actuar en procesos civiles cuando la conducta de un sujeto particular, sea este persona física o jurídica, perjudique o amenace perjudicar los intereses difusos de la población, como puede ser contaminar el aire o las aguas de un río.
“En temas como el ambiente, la salud, derechos del consumidor y otros en los que se pueda causar un daño a un grupo de personas indeterminado, nuestra Constitución Política y la jurisprudencia de la Sala Cuarta han reconocido el derecho para actuar en defensa de esos intereses colectivos”, explicó Araya.
El diputado del Frente Amplio (FA) dijo también que de mantenerse el código sin ese capítulo, al único que podrá responsabilizarse es la Estado, pagando todos por las acciones de una determinada empresa.
“Eliminar el capítulo del proyecto de ley, implica que cuando se desee responsabilizar en la vía judicial, necesariamente se deberá demandar al Estado, lo cual repercute en gastos innecesarios en detrimento de las arcas públicas. Es decir, casos como el de Crucitas, el Estado deberá pagar los daños causados por la empresa privada. Lo cual es contradictorio porque quienes sufrieron el daño terminarán pagando los costos del mismo”, recalcó el legislador frenteamplista.
Para Araya, esa clase de acciones responden a intereses empresariales.
“No es posible que éstos partidos políticos estén dispuestos a limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de la población, que no permitan el avance en la legislación, por defender los intereses empresariales, esto es un retroceso jurídico, sentenció Araya.
