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George Rodríguez EP. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este miércoles que sancionó a Roberto Rivas, ex presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, y a su esposa, Ileana Patricia Lacayo, al señalar al primero como responsable de actos de corrupción.

La designación (señalamiento) de Rivas se hace automáticamente extensiva a su esposa, de acuerdo con disposiciones legales vigentes en Estados Unidos, explicó el Departamento de Estado, en un comunicado.

“Debido a su participación en corrupción significativa, el Departamento designa públicamente al Presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto José ivas Reyes, en los términos de la Sección 7031 (c) del Departamento de Estado, operaciones en el extranjero y Ley de Apropiaciones de Programas Relacionados”, informó la dependencia gubernamental.

La legislación estadounidense obliga al secretario de Estado, Mike Pompeo, a extender, a familiares inmediatos, la sanción, explicó, además.

“La ley también exige que el Secretario de Estado designe de manera pública o privada a (…) sus familiares inmediatos”, por lo que, “además de la designación del Sr. Rivas, el Secretario también designa públicamente a la esposa del Sr. Rivas, Ileana Patricia Lacayo Delgado de Rivas”, precisó.

Por lo tanto, Lacayo, al igual que su esposo, tiene prohibido el ingreso a territorio de Estados Unidos, de acuerdo con la información oficial.

Se trata de una nueva sanción de Estados Unidos contra Rivas, a quien, en diciembre de 2017, el Departamento de Tesoro de ese país aplicó la Ley Global Magnitsky.

Aprobada en 2016 por el Congreso de Estados Unidos, esa ley autoriza, al gobierno estadounidense, a sancionar a jerarcas de gobiernos de otros países, a nivel mundial, involucrados en violaciones a los derechos humanos y en actos de corrupción.

Rivas, quien renunció a la presidencia del CSE, el 31 de mayo de este año –cinco meses después de la primera sanción-, es señalado por la oposición nicaragüense como responsable de haber beneficiado al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en sucesivos procesos electorales, desde 2008.

Asimismo, la oposición y medios de comunicación locales lo han señalado como responsable del delito de enriquecimiento ilícito.

Rivas es el primero de seis allegados al presidente Nicaragüense, Daniel Ortega, a quienes Estados Unidos ha sancionado desde diciembre del año pasado.

El Departamento de Estado informó el 5 de julio de este año –seis meses después de la sanción a Rivas-, la aplicación de la Ley Global Magnitsky a tres estrechos colaboradores del gobierno: el comisionado general de la Policía Nacional, Francisco Díaz –quien, además, es consuegro de Ortega-, el tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, y el secretario general de la Alcaldía de Managua –la capital nacional-, Fidel Moreno.

Díaz fue señalado por dirigir a la fuerza policial en la comisión de serias violaciones a los derechos humanos en el marco de la violenta crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua, a Moreno se le responsabilizó por actos de violencia cometidos, en el mismo contexto, por integrantes de la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales contra manifestaciones callejeras de oposición al gobierno, y López fue acusado de haberse valido de su posición en el FSLN para beneficio personal y familiar.

Más recientemente, el Departamento de Estado señaló, el 27 de noviembre, a la esposa de Ortega y vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, y al asesor presidencial Nestor Moncada, por violaciones a los derechos humanos y por actos de corrupción, lo que implica, entre otras sanciones, bloqueo de propiedades, dentro de la jurisdicción estadounidense, de las personas señaladas, según informó entonces la dependencia gubernamental.

Las medidas estadounidenses se enmarcan en la dramática situación que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.

La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado por lo menos 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.

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