Aarón Chinchilla EP. | En una audiencia en la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes le planteó a los diputados de la República la urgencia de mayores controles y mejor regulación en materia de agroquímicos y plaguicidas en el país.
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Tras una investigación acerca del uso y consumo de plaguicidas en Costa Rica, la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo expuso la necesidad de una estricta regulación sobre plaguicidas, para “proteger la salud pública y el ambiente”, además de “extremar controles” sobre dichos químicos.
Según manifestó Crespo, son preocupantes los efectos agudos y crónicos que la exposición a estos productos están ocasionando sobre la salud de poblaciones agrícolas además, del impacto sobre el ambiente, particularmente, la contaminación de fuentes de agua para consumo humano; y la protección y atención de la salud de las personas trabajadoras del campo.
La investigación, realizada por la Defensoría y un equipo técnico, obedeció a reportes de que Costa Rica es uno de los países de mayor consumo de plaguicidas, así como por las denuncias de contaminación con agroquímicos de fuentes de agua. En el informe final, se giraron recomendaciones a los Ministerios de Salud (MS), Agricultura y Ganadería (MAG), Trabajo (MTSS) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para que dirigan acciones en defensa y la protección de los derechos fundamentales de la población, particularmente, el derecho a la salud y el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Por otra parte, Crespo mostró su preocupación sobre los efectos crónicos sobre la salud del químico “glifosato”, el cual fue clasificado como “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Al respecto, la Defensoría formó parte de una Comisión Interinstitucional que analizó la evidencia científica existente sobre este producto y recomendó que se prohíba el uso no agrícola del glifosato, específicamente en espacios públicos y áreas urbanas, y que se valorara el informe elaborado por la Comisión a efectos de proceder con la prohibición o regulación de su uso, debido al impacto sobre la salud que la exposición a este producto puede tener en el largo plazo.
