George Rodríguez EP. La oficina de la nicaragüense y no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en Costa Rica comparte, con autoridades costarricenses, las denuncias que recibe de ciudadanos de Nicaragua exiliados a causa de persecución política en su país de origen, dijo, en declaraciones publicadas este sábado, un dirigente de esa organización no gubernamental.
La representación de la CPDH también coordina, con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica, la tramitación de solicitudes de refugio para personas quienes, por razones de seguridad personal, no pueden regresar a Nicaragua, indicó el director de Proyectos de la comisión, el abogado Denis Darce.
“Las denuncias son dadas a conocer a las autoridades costarricenses para que sean tomadas en cuenta y se tomen medidas en las políticas de atención a los nicas”, indicó Arce, citado por el periódico nicaragüense El Nuevo Diario (END).
En ese sentido, la oficina de la comisión presenta, a la DGME, una lista semanal de tales casos, señaló.
“También hay coordinación con la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, sobre la situación de urgencia de algunas personas”, contexto en el cual, “una vez a la semana se presenta una lista de diez personas para que se tramite el refugio, porque existe un peligro real si se regresa a su país. De éstas, la CPDH ha tramitado aproximadamente 70”.
La oficina funciona desde noviembre, en San José, la capital costarricense, y recibe, en promedio, unas 150 denuncias mensuales, habiendo registrado, en poco más de dos meses, alrededor de 350, dijo Arce.
“En su mayoría, las denuncias son por la persecución en Nicaragua y un problema es que cuando se huye del país, las personas dejan todo, lo que dificulta que puedan presentar evidencia de su situación”, explicó.
Ello implica que, al recibir cada caso, la comisión debe llevar a cabo un estudio para determinar las situaciones individuales, señaló.
“Como organización seria, la CPDH debe comprobar la situación real de las personas, y solicitamos elementos que prueben la condición de amenaza”, lo que incluye fotografías o videos de pintas en viviendas, capturas de pantalla en los casos de hostigamiento por la vía de redes sociales, textos de mensajes de correo electrónico, además de testimonios, precisó.
Se trata de verificar que cada denunciante, efectivamente, arriesgaría su vida si regresara a Nicaragua, planteó.
“De esta manera podemos analizar las pruebas y valorar a la persona, para poder entregar una resolución diciendo que se presentaron evidencias de peligro”, señaló el activista, quien aclaró que, de no ser posible contar con prueba física, “también se puede decir que no se presentaron elementos probatorios”.
Costa Rica, nación centroamericana limítrofe con Nicaragua, es el principal destino de miles de personas quienes huyen de la violenta crisis sociopolítica que hace más de ocho meses golpea a Nicaragua.
La dramática situación nicaragüense, estallada el 18 de abril, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, mayoritariamente, hacia territorio costarricense -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva y sostenida exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes, así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
