George Rodríguez EP. El internacional Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) se apresta a realizar, este mes, una visita a Costa Rica, informó, este domingo, la cancillería costarricense.
El grupo de trabajo, creado según lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, recorrerá sitios de detención en el país centroamericano, indico el ministerio, en un comunicado, sin precisar fechas ni otros detalles.
“El propósito de esta visita, según comunicó el propio Subcomité es ‘visitar lugares de privación de libertad, incluso a las cárceles, delegaciones de la fuerza pública, centros de internamiento de mujeres y menores, centros de detención de migrantes, así como los hospitales siquiátrico’. Lo anterior con la finalidad de ‘prevenir la tortura y los malos tratos y mejorar las condiciones de detención de personas privadas de su libertad’”, según la información oficial.
Respecto a la ausencia de datos sobre la presencia del subcomité, la cancillería indicó que ello responde a aspectos operativos establecidos en el protocolo.
“Las visitas del SPT se basan en el Principio de la Confidencialidad y, por tanto, no es posible divulgar los lugares que serán visitados”, precisó.
Cumplida su misión, el subcomité elaborará una serie de observaciones preliminares, para abordarlas con las autoridades costarricenses pertinentes, y, posteriormente, producir el informe definitivo de la visita, indicó el ministerio.
“Al final de cada visita, el Subcomité presenta sus observaciones preliminares para discutir con el Estado parte, las posibles vías de implementación de las recomendaciones que se le hagan. Luego de tres a seis meses, el SPT envía su informe definitivo, el cual nuestro país tiene derecho de hacer público e incluso puede hacerle observaciones dentro del plazo de seis meses de recibido”, explicó.
En el caso de Costa Rica, este país, tradicionalmente defensor de los derechos humanos, es uno de los mayores promotores de la convención, habiendo participado activamente en las negociaciones que resultaron en la creación de ese instrumento internacional, señaló la cancillería.
“Nuestro país ha sido históricamente de los principales promotores de la Convención (…) y su Protocolo Facultativo, ya que desde 1980, durante las negociaciones para la elaboración de esta Convención, el Gobierno de Costa Rica, a iniciativa de la entonces ministra de Justicia, Elizabeth Odio, presentó un Proyecto de Protocolo Facultativo, el cual vio la luz en diciembre del 2002, que el país suscribió en febrero del 2003 y ratificó en el 2005”, relató.
Aprobada el 10 de diciembre de 1984 por la asamblea General de las Naciones Unidas, la convención rige desde el 26 de junio de 1987, cuando reunió las veinte ratificaciones nacionales requeridas para ello, reemplazando a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que el organismo mundial había aprobado el 9 de diciembre de 1975.
El primero de sus 37 artículos, distribuidos en tres Partes, el protocolo establece que su objetivo consiste en “establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Para ello, determina la creación del subcomité.
“El Subcomité para la Prevención realizará su labor en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y se guiará por los propósitos y principios enunciados en ella, así como por las normas de las Naciones Unidas relativas al trato de las personas privadas de su libertad”, para lo cual “se guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad”, según lo indicado en el segundo artículo.
En el caso de Costa Rica, la contraparte del subcomité es el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNPT), adscrito a la Defensoría de los Habitantes.
