La democracia costarricense experimentó en los comicios presidenciales y legislativos de 2026 una de las pruebas de estrés digital más complejas, agresivas y técnicamente sofisticadas de su historia.
Lejos de constituir un debate centrado en ideas, planes de gobierno o propuestas programáticas, el proceso electoral se vio inundado por un flujo masivo de desinformación, manipulación algorítmica y operaciones de asedio digital orquestadas desde la periferia de las plataformas tecnológicas.
La magnitud, los patrones tácticos y los riesgos institucionales de este fenómeno han quedado al descubierto gracias al Informe de Observación de la Desinformación Electoral: Elecciones presidenciales Costa Rica 2026, elaborado conjuntamente por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Observatorio Complutense de Desinformación.
Aplicando por primera vez en el país la rigurosa taxonomía internacional de Interferencia y Manipulación de la Información (IMI), el estudio sistematizó y analizó 257 incidentes críticos detectados entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026. La investigación demuestra que la desinformación dejó de ser un incidente aislado para consolidarse como una táctica estructural y permanente en la disputa por el poder político en Costa Rica.
Uno de los hallazgos más inquietantes del informe es la forma en que se distribuyó la mentira. El 99,2 % de los incidentes registrados (255 de 257 casos) circuló a través de los denominados “canales no atribuidos”.
Bajo esta clasificación se agrupan perfiles personales falsos, páginas de difusión política informal, comunidades anónimas de Facebook y cuentas de creadores de contenido cuya propiedad, administración o fuentes de financiamiento carecen por completo de trazabilidad institucional verificable.
Además, se presentó descentralización operativa: A diferencia de contextos donde la manipulación informativa proviene de aparatos estatales formales, en Costa Rica el fenómeno operó mediante un ecosistema digital altamente fragmentado, descentralizado y anónimo. En la misma línea, se dio dúo de plataformas, es decir, las redes sociales donde se concentró la mayor parte de las operaciones fueron Facebook —el terreno histórico para comunidades polarizantes y cadenas de desinformación masiva— y TikTok, que experimentó una efervescencia alarmante de videos cortos, memes y contenidos altamente emocionalizados diseñados para la viralización instantánea.
Fenómeno “Influencer”
La investigación profundizó en los actores causantes de los desórdenes informativos, destacando con el mayor volumen de registros la categoría de “influencer, comunicador o divulgador”, la cual acumuló 107 incidentes.
El comportamiento de estos creadores de contenido durante el periodo electoral encendió las alertas de la comunidad académica:
- Cuentas de activación súbita: Se detectaron múltiples perfiles en TikTok, Instagram y Facebook que no contaban con historial previo de publicaciones políticas o cuya actividad en la materia era nula, pero que experimentaron crecimientos exponenciales de seguidores justo en las semanas previas a la primera vuelta del 1 de febrero.
- El “apagón” post-electoral: El patrón más revelador ocurrió inmediatamente después del 1 de febrero. Una gran proporción de estos creadores eliminó masivamente sus contenidos agresivos, desinformativos o cargados de discurso de odio, abandonaron por completo los temas políticos y retomaron de forma súbita los contenidos cotidianos que compartían antes de la campaña. Esto confirma que se trató de estructuras instrumentales y temporales diseñadas exclusivamente para intoxicar la conversación pública durante el momento crítico de la votación.
- Pseudomedios: Paralelamente, se documentaron 22 incidentes provenientes de pseudomedios, los cuales utilizaron diseños visuales idénticos a los de la prensa formal, titulares alarmistas y gráficos falsos para conferir una fachada de legitimidad periodística a noticias totalmente fabricadas.
Blancos del asedio: el TSE y la importación de fantasmas políticos
La desinformación no solo buscó inclinar la balanza hacia determinadas candidaturas, sino socavar los pilares institucionales de la democracia costarricense.
Las candidaturas presidenciales y legislativas concentraron 105 incidentes, seguidas de cerca por los partidos políticos (80 casos) y, de forma muy preocupante, el órgano electoral con 61 incidentes.
Durante el proceso de escrutinio y votación, las redes sociales se inundaron de narrativas destinadas a deslegitimar la imparcialidad del TSE, se identificaron publicaciones manipuladas —incluyendo montajes visuales grotescos, como alterar los colores de las autoridades electorales para vincularlos con partidos específicos— con el fin de instalar la narrativa de un fraude electoral, una táctica importada de otras latitudes de América Latina.
Para atacar a las candidaturas, las granjas de desinformación recurrieron constantemente a fotomontajes e inteligencia artificial para asociar visualmente a aspirantes locales con figuras altamente polarizantes de la política latinoamericana (como Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Fidel Castro), buscando activar resortes de miedo y rechazo ideológico en el electorado.
La tecnología de 2026 añadió una capa inédita de complejidad. El estudio de PROLEDI y la Universidad Complutense identificó 55 incidentes en los que se empleó inteligencia artificial generativa para la creación de audios, videos y fotografías falsas (deepfakes).
Entre los casos más virales destacó un video falso de Nicolás Maduro dando su apoyo a la candidatura de Ariel Robles, el cual acumuló cerca de 298.000 visualizaciones en Facebook. Asimismo, se fabricaron materiales contra la magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora, buscando sembrar dudas sobre la transparencia institucional con piezas audiovisuales que superaron las 6.300 reproducciones en TikTok en pocas horas.
El informe clasifica los objetivos tácticos de los desórdenes informativos en cinco grandes patrones que operaron de forma simultánea:
- Dañar la imagen (173 incidentes): Degradación pública de candidaturas, partidos y periodistas mediante acusaciones sin evidencia y montajes.
- Causar desconfianza (152 incidentes): Erosión sistemática de la credibilidad del TSE, el Poder Judicial, la Fiscalía, universidades públicas y estudios de opinión bajo la premisa de una supuesta captura institucional.
- Polarización (132 incidentes): Estructuración del debate a partir de oposiciones maniqueas entre “el pueblo” y “las élites” o “jaguares” y “canallas”.
- Generación de confusión (100 incidentes): Difusión de instrucciones falsas de voto, guías prohibidas y alianzas ficticias.
Mediante técnicas de clusterización con inteligencia artificial, el estudio agrupó los contenidos en cinco grandes narrativas: la defensa gubernamental frente a las “élites”, la instauración del miedo ante un supuesto “regreso del PAC” y coaliciones ocultas, el desprestigio personal mediante ataques a la moral, y el “peligro ideológico” vinculado a dictaduras extranjeras.
77,4 % de impunidad digital
Quizás el dato más desolador que arroja el informe es la radiografía de la respuesta institucional frente al fenómeno: el 77,4 % de los incidentes analizados (199 casos) no enfrentó ninguna medida correctiva, aclaración, restricción ni eliminación.
Para la M.Sc. Giselle Boza Solano, coordinadora de PROLEDI-UCR, los hallazgos de este informe demuestran que la intoxicación deliberada del espacio público deteriora de forma crítica las condiciones necesarias para una deliberación informada, rompe los consensos sociales y erosiona la confianza pública.
El informe de la Universidad de Costa Rica concluye con un llamado urgente al Estado, a la academia, a la sociedad civil y a las empresas tecnológicas para articular una estrategia nacional que enfrente la desinformación estructural mediante la actualización de los marcos normativos sobre propaganda digital, la fiscalización de la pauta publicitaria en redes y el fortalecimiento radical de la alfabetización mediática de la ciudadanía.
