George Rodríguez EP. Costa Rica presidirá la Sesión Especial del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a llevarse a cabo para abordar la crítica situación de los derechos humanos en Nicaragua, informó, la mañana de este miércoles, la cancillería costarricense.
El ministerio señaló, asimismo, el respaldo costarricense al informe que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) –equipo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, tituló “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018”, y cuyo contenido denuncia la comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país.
El documento fue presentado, el 21 de diciembre, en Washington, por los cuatro integrantes del Giei, quienes, dos días antes, fueron expulsados de Nicaragua, medida que fue simultáneamente aplicada al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) –el otro equipo de trabajo de la CIDH en ese país centroamericano-.
“Costa Rica en su calidad de Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia del Consejo Permanente de la Organización presidirá la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada para el día jueves 27 y reiteró su credibilidad y respeto por el Informe” del Giei, indicó la cancillería, en un comunicado.
Al conducir el debate, la embajadora de Costa Rica en la OEA, Montserrat Solano, denunciará la situación que, en materia de derechos humanos, presenta Nicaragua, dijo, por su parte, la canciller interina costarricense, Lorena Aguilar, citada en el texto.
Costa Rica “levantará su voz para denunciar la reiterada escalada de atropellos contra los derechos humanos y las libertades en Nicaragua”, advirtió Aguilar.
La cancillería expresó, además, el sentimiento costarricense de reprobación respecto a la decisión gubernamental nicaragüense de expulsar al Giei y al Meseni, y a la persecución de que son objeto periodistas y medios de comunicación independientes.
“Costa Rica deplora una vez más la decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar los Mecanismos de la OEA, así como el acoso, la represión, la persecución y el encarcelamiento del que están siendo víctimas los periodistas, medios de comunicación, defensores (as) de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua”, indicó en el texto de cuatro párrafos.
La crítica situación nicaragüense amerita que la comunidad internacional implemente acciones para corregirla, según la misma fuente.
Costa Rica, “asimismo reitera su consternación por el deterioro constante de todos los derechos humanos y la institucionalidad en Nicaragua y hace un llamado a la Comunidad Internacional para activar los mecanismos y las medidas propias del multilateralismo para restaurar y resguardar la plena vigencia de los mismos”, señaló la cancillería.
La sesión está convocada –a solicitud de Canadá, en nombre del Grupo de Trabajo para Nicaragua- “para considerar la situación en Nicaragua”, de acuerdo con lo informado, por la OEA, en su sitio en Internet.
El grupo de trabajo –integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú- fue constituido, el 2 de agosto, por el Consejo Permanente.
El mandato general del grupo es el de “contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua”.
La sesión del Conbsejo Permanente se llevará a cabo seis días después de la presentación del informe elaborado por el Giei, y ocho días después de que los expertos fueron expulsados de Nicaragua.
La salida del Giei fue decidida el 19 de diciembre, por la cancillería nicaragüense, un día antes de la fecha prevista para la presentación del informe en Managua, la capital nacional.
Entre otros planteamientos, los expretos indicaron, respecto a la violenta crisis sociopolítica que golpea a ese país, que, “de la información disponible se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.
Además de aplicar igual medida al Meseni, la cancillería decidió, simultáneamente, suspender las visitas de la CIDH a Nicaragua.
La acción gubernamental contra la CIDH, el Giei y el Meseni se suma a la reciente anulación de personería jurídica y los allanamientos policiales que nueve organizaciones no gubernamentales y cinco medios de comunicación nicaragüenses han sufrido desde el 29 de noviembre.
Las medidas se enmarcan en la dramática que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado por lo menos 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
