George Rodríguez EP. La vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Campbell, exhortó este jueves a la comunidad internacional a aplicar lo que definió como diplomacia preventiva en la búsqueda de solución a la violenta crisis sociopolítica que hace más de cinco meses convulsiona a Nicaragua.
La situación nicaragüense es insostenible, y la democratización del país es clave para la solución de ese problema, aseguró Campbell, al participar en la 73 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“Hoy, solicitamos a la comunidad internacional, y al secretario general, participar, con la diplomacia preventiva y la mediación, frente a esos graves acontecimientos”, planteó la funcionaria costarricense, en alusión al secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres.
La indiferencia convierte en cómplices, a quienes no se preocupan por el dramático caso de ese país centroamericano, señaló.
“La situación de Nicaragua no es sostenible”, subrayó Campbell, quien advirtió, además, que “la crisis en ese país tiene potencial de escalamiento, con un impacto directo en la estabilidad y el devenir del desarrollo de Centroamérica”.
En ese sentido, y como ejemplos de la magnitud de la crisis, la vicepresidenta destacó, por una parte, que el Diálogo Nacional iniciado en mayo, con miras a hallar solución a la situación, está suspendido desde el final de junio.
También señaló el hecho de que el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, finalizó la invitación que había formulado a un grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) para una visita de trabajo al país.
“Costa Rica reitera su convicción de que sólo el camino del diálogo comprometido y efectivo, entre todas las partes, con un acuerdo serio sobre un calendario para la democratización, puede ser la solución al conflicto que aflige al hermano país”, expresó.
La jerarca gubernamental señaló, como factor destacado en el contexto de violencia que registra el país, la reiteradamente denunciada represión antiopositora llevada a cabo por fuerzas policiales –principalmente antimotines- y grupos parapoliciales.
“La represión selectiva, la intimidación y la criminalización han socavado una a una las libertades de su población. Debemos mencionar que la grave situación de ese país ha cobrado varias centenas de vidas humanas”, informó.
La vicepresidenta subrayó, asimismo, la solidaridad costarricense con los nicaragüenses.
“Costa Rica no puede, ni será indiferente ante el sufrimiento y la incertidumbre de aquellos a quienes consideramos nuestros hermanos y hermanas. Desde abril, hemos expresado nuestra preocupación por el deterioro de la institucionalidad y la erosión sistemática de los Derechos Humanos en Nicaragua”, aseguró.
La situación ha obligado a miles de nicaragüenses a cruzar la frontera terrestre de 309 kilómetros que Nicaragua y Costa Rica comparten, en procura de refugio.
“Como consecuencia, en nuestro país hemos experimentado un aumento de los flujos migratorios y solicitudes de refugio. Hemos respondido de una manera ordenada, responsable y solidaria, poniendo como prioridad la protección, el respeto, la dignidad y la seguridad de las personas. Pero, por supuesto, Costa Rica no puede llevar sola esa carga”, explicó.
La dramática situación estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular que estaba en desarrollo se enfocase en la exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión, que ha cobrado alrededor de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos y desaparecidos.
La crisis también ha causado daño considerable a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un elevado número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
