George Rodríguez EP. La embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Sharon Day, aclaró que el gobierno estadounidense no ha solicitado a su contraparte de Costa Rica que suscriba acuerdo alguno para frenar la migración centroamericana, informó la vicecanciller costarricense Lorena Aguilar.
La diplomática formuló la aclaración durante una reunión entre ambas funcionarias, indicó Aguilar, en declaraciones difundidas el martes por la cancillería de Costa Rica.
“Tuve una reunión con la embajadora de Estados Unidos, la señora Sharon Day, en la cual, la representante del país norteamericano, aclaró que su gobierno no ha solicitado sumar a Costa Rica en acuerdos que negocia con los países centroamericanos del Triángulo Norte –El Salvador, Honduras, y Guatemala-, pero agradece las acciones de Costa Rica para atender los retos regionales inmigratorios”, indicó Aguilar, en un breve video.
Asimismo, en un comunicado en el que citó a la viceministra, la cancillería reafirmó lo expresado por la funcionaria.
Aguilar “confirmó que luego de mantener una reunión el día de hoy con la Embajadora (…) para dialogar sobre las informaciones publicadas recientemente y con relación al examen de solicitudes de protección con los países centroamericanos del triángulo norte, la representante diplomática aclaró que su Gobierno no ha solicitado unir a Costa Rica en estos acuerdos”, señaló el ministerio, en el texto al que adjuntó el material audiovisual.
“Además, ella congratuló al Gobierno de Costa Rica por todos los esfuerzos que lleva a cabo en el abordaje de la situación con relación al flujo migratorio y destacó los resultados positivos de la intensa cooperación bilateral en materia de seguridad y su deseo de fortalecerla”, agregó la cancillería.
Las declaraciones de la viceministra fueron difundidas luego de que medios de comunicación locales reprodujeron, el 1 de agosto, declaraciones formuladas al respecto, en la capital de Guatemala, por el secretario interino de Seguridad Interna (Homeland Security) estadounidense, Kevin McAleenan.
El funcionario norteamericano señaló el acuerdo que Estados Unidos y Guatemala suscribieron el 26 de julio, convirtiendo a esa nación centroamericana en “tercer país seguro” en materia migratoria.
Según el convenio, los migrantes irregulares quienes procuren llegar a Estados Unidos, para solicitar refugio, y pasen por Guatemala, deben formular, en este país centroamericano, la solicitud del caso.
En declaraciones a periodistas durante su visita a Guatemala, McAleenan dijo que, “ahora, estamos tratando de conversar con Honduras y el Salvador, para tener arreglos similares a los de Guatemala”, y agregó que el presidente estadounidense, Donald Trump, “también invitó a Costa Rica y Panamá, porque esto lo vemos como una responsabilidad regional”.
El acuerdo es una nueva medida, anunciada el 15 de julio por el gobierno de Trump, que apunta a detener la migración irregular hacia ese país, y prevé que quienes procuren refugio en Estados Unidos no podrán solicitarlo si llegaron, a la frontera sur estadounidense –el límite de 3155 kilómetros, con México-, sin haberlo tramitado en un “tercer país”, de acuerdo con el texto de la medida difundido por los departamentos de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, DHS) y de Justicia (Department of Justice, DOJ).
“Con limitadas excepciones, un extranjero quien ingrese o intente ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur sin haber solicitado protección en un tercer país fuera del país de ciudadanía, nacionalidad del extranjero, o el último de residencia habitual por el cual el extranjero haya transitado, no es apto para asilo”, según la nueva norma.
La reglamentación se autojustifica al plantear que el sistema de inmigración estadounidense está bajo una intensa presión a causa de las numerosas solicitudes de refugio que, sin sustento, son tramitadas.
El presidente es un tenaz enemigo de la inmigración indocumentada, específicamente, el masivo movimiento humano originado en el Triángulo Norte, con rumbo a Estados Unidos, recorriendo unos cuatro mil kilómetros, principalmente por territorio del limítrofe México.
Se trata de miles de personas –incluidos niños y mujeres, algunas de ellas embarazadas- quienes huyen de la inseguridad ciudadana –generada por violencia de pandillas y organizaciones de crimen organizado internacional- y de la falta de oportunidades de esos tres países, caracterizados, además, por críticos contextos socioeconómicos.
Estos migrantes son rechazados, por fuerzas militares estadounidenses, cuando intentan cruzar, desde el lado mexicano, la Frontera Sur de Estados Unidos.
Sumado a ello, el gobierno de Trump presionó a su contraparte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y logró, el 7 de junio, la firma de un acuerdo bilateral que obliga, a la parte mexicana, a implementar medidas para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos –lo que está ocurriendo-.
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