Allan Madriz | EP. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el panorama general de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, desde agosto del 2018 hasta julio del presente año.
Según informó la Cancillería costarricense, la coartación a la libertad de asociación y represión selectiva de las voces disidentes, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, así como violaciones del derecho a un juicio justo en casos de personas procesadas por su participación en las manifestaciones; son parte de las violaciones graves que detalla el informe.
“… esta situación refleja la falta de voluntad de garantizar la rendición de cuentas y consolida la impunidad por la violación de los derechos humanos, negando el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. También socava, aún más, la confianza pública en las instituciones del Estado”, señala el informe.
La Embajadora de Costa Rica, Representante Permanente Elayne Whyte, agradeció a Bachelet, la presentación del informe escrito sobre la situación de Nicaragua y exhortó a la comunidad internacional el apoyo para la implementación de sus recomendaciones.
Costa Rica también llamó la atención sobre la necesidad que el gobierno de Nicaragua restablezca el funcionamiento del espacio democrático, que construya una institucionalidad sólida y objetiva en el país, empezando por una institución nacional de derechos humanos independiente en línea con los Principios de París.
“El futuro de Nicaragua debe empezar a reconstruirse a partir de hoy, sin demora, y con la voluntad expresa de su gobierno para cumplir las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, especialmente la apertura a la colaboración con su Oficina, los procedimientos de este Consejo (de Derechos Humanos) y los mecanismos regionales de derechos humanos”, indicó Whyte.
De igual forma, Costa Rica expresó su apoyo a la recomendación de la Alta Comisionada de que Nicaragua debe asegurar la pronta aplicación de las reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes.
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