George Rodríguez EP. Costa Rica contará, desde la semana próxima, con un encargado de Negocios al frente de su embajada en Nicaragua, informó este viernes la cancillería costarricense.
Se trata del diplomático de carrera Oscar Solís Rangel, abogado y especialista en Derecho Internacional Económico, quien asumirá el cargo el 5 de noviembre, indicó la cancillería, en un comunicado.
Solís se ha desempeñado como encargado de Negocios, ministro consejero y cónsul general de Costa Rica en la República Dominicana, y como consejero y cónsul en Nicaragua, señaló el ministerio, en el texto difundido por su Dirección de Comunicación.
También ha integrado la Comisión Interinstitucional para la Atención de Flujos Migratorios, grupo de trabajo encabezado por la vicepresidenta y canciller costarricense, Epsy Campbell.
Respecto a la designación de Solís, la funcionaria indicó que el vínculo entre Costa Rica y Nicaragua –países centroamericanos que comparten frontera terrestre de 309 kilómetros- es clave, particularmente en el ámbito comercial.
“Las relaciones que tenemos con ese país, son muy estratégicas, principalmente, todas aquellas relaciones económicas que implican una cantidad importante de flujo de mercancías, de Costa Rica hacia Nicaragua”, indicó.
La actividad comercial involucra a productores costarricenses en diversos campos, señaló.
“Muchas de estas mercancías son de pequeñas y medianas empresas, y hay que cuidar los intereses, de nuestro país, allá”, precisó la vicepresidenta.
El nuevo encargado de Negocios llega a esa representación diplomática luego de que el ex embajador costarricense Eduardo Trejos, designado en 2016, dejó el cargo en junio de este año, para asumir otras responsabilidades a nivel gubernamental, en Costa Rica.
La incorporación de Solís a la conducción de la Embajada de Costa Rica en Nicaragua se enmarca en la violenta crisis sociopolítica que hace más de seis meses golpea a los nicaragüenses, decenas de miles de los cuales han procurado refugio en territorio costarricense.
De acuerdo con los datos más recientes divulgados el 1 de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de cuarenta mil ciudadanos nicaragüenses han expresado este año, en Costa Rica, necesidad de protección internacional, a causa de la dramática situación que afecta a su país.
Se trata de la casi totalidad de los aproximadamente 52 mil nacionales de Nicaragua quienes ingresaron este año a territorio costarricense, donde han permanecido, precisó la CIDH en el informe que tituló “Observaciones preliminares sobre la visita de trabajo para monitorear la situación de personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica”.
De las 40,386 personas quienes expresaron necesidad de protección internacional, casi 14 mil solicitaron asilo, con la mayor parte de esos trámites –algo más de doce mil- llevados a cabo de junio a agosto de este año, cuando se intensificó la represión, la criminalización, y la persecución de las diversas expresiones de oposición, aseguró.
El extenso documento fue elaborado luego de la visita de trabajo que una misión de la CIDH realizó, del 14 al 18 de octubre, a Costa Rica.
El objetivo de la visita fue el de “monitorear la situación de las personas nicaragüenses solicitantes de asilo y en necesidad de protección internacional que se han visto forzadas a huir de su país y buscar protección internacional en Costa Rica”, indicó, la comisión, en el texto.
Estallada el 18 de abril, la crisis nicaragüense presenta, hasta ahora, saldo de por lo menos 528 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la vecina Costa Rica-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, lo mismo que de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos parapoliciales, en general, actuando conjuntamente.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
