George Rodríguez EP. Costa Rica apoya la iniciativa de seis países americanos para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, informó el gobierno costarricense.
“El Gobierno de la República de Costa Rica anuncia su apoyo a la iniciativa para investigar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en la República Bolivariana de Venezuela”, informó la presidencia costarricense, en un comunicado.
Este país centroamericano, que apoya irrestrictamente a la justicia penal internacional, confía en la independencia del tribunal mundial, aseguró asimismo.
“Costa Rica confía en la independencia de la Corte que, como institución permanente de justicia penal internacional, hará el examen necesario y tomará las medidas que amerite esta situación. Asimismo, reitera su apoyo irrestricto a la justicia penal internacional”, planteó.
Citado en el texto, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, indicó que la posición del país responde a su tradicional combate a la impunidad.
“En seguimiento a su histórica lucha contra la impunidad, Costa Rica apoya las gestiones, presentadas el 26 de setiembre del 2018, por seis países de América, con base en el artículo 14.2 del Estatuto de Roma, en el que le solicitan a la Fiscalía (de la CPI) se inicie una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, que pudieran haber ocurrido a partir del 12 de febrero de 2014”, expresó el mandatario.
Alvarado aludió así al inicio de la represión gubernamental contra masivas manifestaciones opositoras enmarcada en la crisis socioeconómica y política que hace años golpea a Venezuela.
El comunicado gubernamental indicó, asimismo, que la Fiscalía del tribunal internacional inició, el año pasado, una investigación preliminar en ese sentido.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (de Costa Rica) destaca la existencia de una investigación preliminar, abierta por la Fiscalía de la CPI desde 8 de febrero del 2018, en la que se investigan presuntos crímenes en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos; en particular el uso excesivo de la fuerza por parte de los equipos de seguridad del Estado, arrestos de miembros de la oposición, así como abusos y malos tratos en las detenciones”, precisó.
El gobierno costarricense llamó, además, a su contraparte venezolana, a que cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos, lo que incluye la puesta en libertad de los presos políticos.
La administración de Alvarado “hace un llamado a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela para que se cumplan las obligaciones internacionales adquiridas al acceder a los instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, para que se respeten las libertades fundamentales, se liberen los presos políticos y se ponga fin a la impunidad”, se indicó en el comunicado.
Costa Rica mantiene el compromiso de colaborar con la CPI, y la disposición a aportar la solución negociada de la dramática situación venezolana, aseguró el gobierno, en el texto.
“El Estado costarricense reitera su compromiso de colaboración con la CPI y anuncia que continuará utilizando los foros multilaterales y canales diplomáticos disponibles, para contribuir con la superación de la grave crisis que vive Venezuela, a través de una salida pacífica y negociada, en el marco del Derecho Internacional”, señaló.
El tribunal informó el 28 de setiembre que recibió la solicitud formulada por media docena de países americanos, para que investigue si el gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, ha cometido crímenes de lesa humanidad.
Los solicitantes indicaron, en el texto, que se inicie con los hechos ocurridos el 12 de febrero de 2014, la fecha de inicio de una serie de manifestaciones callejeras antigubernamentales que la administración de Maduro reprimió, de acuerdo con la información oficial.
El documento fue acompañado, como apoyo documental, por un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), referido a casos de detención arbitraria y tortura, así como a ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, los países solicitantes acompañaron la solicitud con un informe de expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) según los cuales Maduro y 10 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) habrían cometido crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía de la CPI debe estudiar el planteamiento.
Los países promotores de la acción son Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, y Perú.
De acuerdo con diversos cálculos, aproximadamente dos millones de venezolanos se han desplazado, vía terrestre, a países sudamericanos tales como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, causa de la severa crisis sociopolítica de Venezuela.
Además de la represión antiopositora por parte del gobierno venezolano, quienes abandonan el país denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el bajísimo poder adquisitivo de los salarios, y la falta de oportunidades.
