La Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud (Coopesalud) celebró que los diputados hayan aprobado un informe donde se solicite a la Fiscalía aclarar los supuestos sobreprecios que dieron pie al denominado “Caso Barrenador”.
Para Coopesalud R.L, la decisión de los diputados de enviar insumos a la Fiscalía sobre el llamado Caso Barrenador, es una “oportunidad valiosa” para que se realicen los peritajes contables que aclaren de una vez por todas la inexistencia de sobreprecios en la oferta de tercerización de servicios de salud aprobada desde junio del 2024 por la Caja Costarricense de Seguro Social.
A casi dos años de abierto el caso, en el Ministerio Público existe una resistencia a revisar desde la técnica contable las ofertas, que de acuerdo con la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) implican ahorros de hasta ¢18 mil millones para la institución durante el plazo de ejecución del mismo.
El pronunciamiento de Coopesalud se da posterior a que los legisladores decidió remitir a la Fiscalía un informe sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de Ebáis y la utilización de “insumos alternativos” que no formaban parte de los estudios técnicos oficiales de la institución, junto a posibles debilidades en la gobernanza institucional.
Desde Coopesalud, la votación legislativa, de eminente carácter político, evidencia la “confusión técnica de algunas diputaciones sobre la materia discutida, y esto se refleja en un resultado dividido”.
“Reiteramos nuestra mayor disposición a colaborar con las autoridades judiciales y aclaramos que esto implica también el sano y justo ejercicio de nuestra defensa en todos los estrados legales que lleven a la verdad real de los hechos. Pese a las temerarias acusaciones y a los atropellos de procedimiento señaladas por el Ministerio Público sin fundamento técnico alguno, reiteramos nuestra confianza en el sistema judicial costarricense.
Esperamos que el cierre de la discusión legislativa sirva de impulso para que el Ministerio Público por fin realice las diligencias técnicas contables y necesarias para cerrar esta herida en la institucionalidad costarricense, y se le devuelva la seguridad jurídica sobre la atención médica que reciben cerca de medio millón de costarricenses cada día en sus Ebais a través de las cooperativas de salud”, señalaron.
