Consejo Permanente de OEA es nuevamente convocado para abordar crisis nicaragüense

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George Rodríguez EP. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá, la semana próxima, para abordar nuevamente la violenta crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua, de acuerdo con la convocatoria que la presidencia del organismo difundió este jueves.

La convocatoria se efectuó a iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, precisó, en la breve citación, el embajador de El Salvador en la organización, Carlos Calles.

El diplomático indicó, en el texto de seis líneas, que “por solicitud del Secretario General de la Organización (…) convoca a una sesión extraordinaria del Consejo para el viernes 11 de enero de 2019, a las 10:00 a.m., en el Salón Simón Bolívar con el objeto de ‘Considerar la situación en Nicaragua’”.

De acuerdo con el calendario de reuniones que aparece en el sitio de la OEA en Internet, el debate está programado para durar tres horas.

La sesión se llevará a cabo 15 días después de que, en similar reunión, el Consejo Permanente abordó el tema, y escuchó el informe que, sobre esa situación, le presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El documento fue elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), equipo de trabajo con el cual la CIDH contaba en Nicaragua, hasta que fue expulsado, el 19 de diciembre, por la cancillería de ese país.

Simultáneamente, la cancillería expulsó al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) –el otro equipo de la CIDH allí-, y suspendió las visitas de la comisión al país.

Se trata del texto que el Giei tituló “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018” -cuyo contenido incluye la denuncia de comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, en el marco de la violenta crisis-.

Las actividades de la CIDH, el Giei y el Meseni, así como las sesiones del Consejo Permanente, referidas a Nicaragua son fuertemente criticadas por el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Ortega y el canciller nicaragüense, Denis Moncada, así como su representación en la OEA, han calificado esas actividades como injerencistas y violatorias de la soberanía de ese país.

La dramática situación nicaragüense, estallada el 18 de abril, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

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