George Rodríguez EP. La Asamblea Nacional –parlamento unicameral de Nicaragua- derogó este jueves la personería jurídica del no gubernamental Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), cuya directora, Ana Quirós, fue expulsada, esta semana, del país, informaron medios de comunicación nicaragüenses.
La medida fue aprobada por 71 diputados, mientras 16 se pronunciaron en contra, según las mismas fuentes.
De acuerdo con lo indicado en la solicitud de retiro de la personalidad jurídica, documento presentado a la Junta Directiva del parlamento, CISAS fue responsabilizada “de gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar al país”.
Según el razonamiento seguido para la aprobación de la medida, la organización desnaturalizó la personería jurídica, al desarrollar actividades diferentes a las establecidas en sus objetivos.
CISAS fue usado “para la comisión de actos ilícitos, para violentar el orden público, y para realizar actividades que no corresponden a los fines para los cuales se creó”, se planteó en la solicitud.
Lo resuelto por la Asamblea Nacional también prevé que los bienes de la organización sean entregados al Estado nicaragüense.
CISAS contaba, desde marzo de 1990, con personería jurídica.
La acción legislativa ocurrió tres días después de la expulsión de Quirós, una activista de derechos humanos –específicamente de los derechos de las mujeres- y experta en salud.
Quirós, una costarricense naturalizada nicaragüense, fue citada a comparecer, la mañana del 26 de noviembre, en la sede de la Dirección General de Migración y Extranjería, a raíz de su participación en manifestaciones antigubernamentales.
Una vez allí, fue detenida, esposada, y recluida en una celda -junto con otras mujeres, también opositoras-, sin ser informada de la razón de tal medida, y le fue comunicado que se le había retirado la nacionalidad nicaragüense.
Quirós fue transportada a la Frontera Sur nicaragüense –el límite terrestre de 309 kilómetros, con Costa Rica- y entregada, a personal de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) costarricense, en el puesto fronterizo de ese país en Peñas Blancas, a unos 311 kilómetros al noroeste de San José, la capital nacional.
Las acciones contra la activista de derechos humanos se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica que, desde abril, afecta a ese país centroamericano.
Estallada el 18 de abril, la crisis nicaragüense presenta, hasta ahora, saldo de por lo menos 545 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, además de daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la limítrofe Costa Rica, donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, lo mismo que de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos progubernamentales armados, en general, actuando conjuntamente.
Quirós fue seriamente herida, en la cabeza, durante la represión policial contra una de las primeras manifestaciones opositoras, en el sector de Camino de Oriente, en el sur de Managua, la capital nicaragüense.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
