France24 Un paso más hacia la concentración del poder en manos de Nayib Bukele en El Salvador. El principal órgano legislativo del país ratificó una reforma permitiendo no solamente la reelección indefinida del mandatario, sino también que enmienda a varios artículos de la Constitución salvadoreña, anulando la segunda vuelta electoral y alargando el periodo presidencial a seis años.
La enmienda fue aprobada en la noche del jueves 31 de julio. Y, poco después, se mandó a publicar en el Diario Oficial por el jefe de Estado salvadoreño.
Con la constancia de publicación, el partido oficialista presentó en una nueva sesión la solicitud de ratificación que contó con 57 votos de los 60 diputados. Dicha disposición implica la reducción del periodo presidencial vigente hasta el año 2027 y no 2029 para que coincidan los comicios presidenciales, legislativa y municipales.
La reforma modifica el artículo 80 y elimina la sanción que suspendía los derechos ciudadanos a quienes promovieran la reelección presidencial. Además, modifica el artículo 152 y suprime la cláusula que prohibía ser candidato a quien hubiera ejercido la Presidencia por más de seis meses durante el periodo anterior o en los seis meses previos al inicio de un nuevo mandato.
En la sesión en que fue aprobada, la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó la reforma y dijo que los legisladores “han hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad”.
“Han matado la Constitución”, agregó Villatoro.
Bukele inició su segundo mandato consecutivo el 1 de junio de 2024, a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohibían. Esto fue posible gracias a un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, cuyos magistrados fueron nombrados en 2021 por la primera Legislatura controlada por Nuevas Ideas, el partido del presidente, en un proceso ampliamente cuestionado.
¿Un giro autoritario?
Aunque una parte significativa de la sociedad salvadoreña apoya incondicionalmente a Bukele por haber reducido drásticamente la violencia de las maras mediante un estado de excepción aún vigente, su presidencialismo es cada vez más objeto de críticas.
Organizaciones de derechos humanos y periodistas se vieron obligados a exiliarse tras la suspensión de sus actividades o por crecientes presiones estatales. Es el caso de Cristosal, que fue fundada por obispos anglicanos hace 25 años y se dio a conocer por sus investigaciones sobre la corrupción en el Gobierno de Bukele. En las últimas semanas, 20 de sus empleados salieron del país.
Además, varios medios de comunicación, en particular el medio independiente ‘El Faro’, tuvieron que cambiar de sede e instalarse en Costa Rica o en otros países por presiones del Gobierno.
Desde la imposición del estado de excepción en marzo de 2022, Bukele suspendió los derechos constitucionales, restringido la libertad de prensa y socavado la independencia judicial.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que, en el marco de la represión contra las pandillas, miles de personas inocentes han sido detenidas. Desde el inicio del régimen de excepción, más de 85.000 personas han sido arrestadas.
A pesar de las críticas internacionales, Bukele sigue siendo extremadamente popular en El Salvador, con una tasa de aprobación de casi el 85%, según un estudio publicado en junio por la Universidad Centroamericana Jesuita.
