Redacción – Cuando se realizaron las últimas negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el Gobierno y las universidades públicas acordaron un crecimiento de 1% para la educación pública.
Dicho acuerdo se fundamentó en la situación financiera que cerró el país en 2022, cuando la inflación anual año cerró en 7,88%.
No obstante, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que el Gobierno de la República no podía cumplir dicho acuerdo por estrechez económica que vive el país y por culpa de los actuales diputados.
“En la negociación de 2023 se estableció que iba a ser un 1% de crecimiento y 1% adicional determinado por el comportamiento de la economía en relación con el tema de los intereses.(…) Cuando nosotros presentamos el presupuesto del 2023 presentamos un partida para pago de intereses, esa partida fue disminuida por los diputados en ¢81.000 millones”, dijo el jerarca.
El ejercicio de la gestión de la deuda ha permitido un ahorro de ¢40.000 millones por lo tanto no tenemos espacio para acceder a ese 1%, dado que los diputados hicieron una rebaja de esos intereses, entonces esos recursos están asignados a otras funciones, vivienda, asociaciones desarrollo, municipalidades, etc”, manifestó.
RECLAMO
Ante tal situación, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) pegó el brinco al cielo señalando que el Gobierno incumple su promesa de negociación.
“Sorprende que el Gobierno en reiteradas ocasiones, ha manifestado la mejora de la situación fiscal y económica del país para el presente año, no obstante en la reunión de la Comisión de Enlace del día de hoy, el Ministro de Hacienda indica que no pueden cumplir con ese 1% adicional debido a que la Asamblea Legislativa cuando aprobó el presupuesto de la República para el año 2023 lo hizo con la distribución propuesta por la Comisión de Hacendarios que era diferente a la del Ejecutivo”, señalaron.
De acuerdo con Conare, la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma $1.500 millones, el aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%, ampliamente divulgada por el Gobierno, deberían ser suficiente razón para que se cumpla la promesa realizada en la negociación del FEES.
En números, el Gobierno se está guardando ¢5.591 millones .
“Este monto compensaría en parte todas las afectaciones a los presupuestos universitarios estatales generados por la pandemia Covid-19 y su impacto en la situación financiera y fiscal del país, este monto representa apenas un 7% del total de dichos rebajos (…) En lugar de sustentar el otorgamiento del 1% en la mejora fiscal y financiera se escuda para no hacerlo en argumentos atribuidos a la Asamblea Legislativa y específicamente a la Comisión de Hacendarios”, reclamaron.
“(…) No es justo ni válido escudarse en la Asamblea Legislativa para no conceder ese 1% adicional que permitiría atender necesidades básicas como lo son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para fortalecer la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación, la extensión y la acción social en atención de las necesidades específicas de las comunidades y de los grandes problemas nacionales”, concluyeron.
