La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó la noche del 20 de octubre el presupuesto nacional para el año 2027, cifrado en 12.419 billones de colones. El órgano legislativo despachó el proyecto del Poder Ejecutivo a minutos del vencimiento del plazo límite y aplicó el reglamento para votar el documento de forma directa, sin someter a debate más de 100 mociones de fondo planteadas por las distintas bancadas.
El plan de gastos estatal financia el 62,3 % de sus obligaciones mediante ingresos corrientes y sostiene el 37,7 % restante a través de endeudamiento. Durante la sesión nocturna, los legisladores expusieron diferencias marcadas sobre la distribución del capital público.
El oficialismo defendió las reasignaciones económicas ejecutadas en el foro parlamentario y destacó el impulso a la infraestructura vial al incorporar 52.000 millones de colones para financiar por completo la carretera San Carlos y viabilizar la firma del contrato con la empresa adjudicada.
La representación oficialista añadió que el foro logró asegurar el financiamiento para plazas de seguridad portuaria y justificó que los ajustes económicos aplicados representan una redistribución de recursos sin ejecutar disminuciones en el gasto social.
Por el contrario, los diputados de oposición reclamaron la imposibilidad de discutir las enmiendas al no alcanzar siquiera la lectura de la moción número 30 y alertaron a la población sobre el impacto operativo que las retenciones de fondos provocarán en el Poder Judicial, la educación pública superior y el Ministerio de Seguridad Pública.
Los sectores de educación y cultura concentraron las mayores retenciones de capital. La oposición contabilizó recortes por 8.000 millones de colones a las universidades públicas, un monto que la fracción de gobierno trasladó a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Esta medida amenaza la apertura de carreras y la continuidad de sedes regionales del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón, la Universidad de Costa Rica (UCR) en Paraíso, la Universidad Nacional (UNA) en la región Brunca, así como recintos de la UNED y la UTN en el resto del país.
En materia cultural, la comisión restó casi 2.000 millones de colones a los presupuestos operativos del sector de cine, danza, teatro y casas de la cultura, afectando directamente las operaciones en la provincia de Puntarenas.
A nivel legislativo interno, las mociones 11 y 12 restaron 1.919 millones de colones a la partida de dietas de la Asamblea Legislativa para inyectarlos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesap).
De forma paralela, la moción 18 extrajo fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social, los Cen-Cinai y el Instituto Mixto de Ayuda Social para reorientar 250.000 millones de colones hacia becas, comedores escolares y pensiones del régimen no contributivo.
Tras superar el trámite en comisión, el texto presupuestario avanza al Plenario legislativo, órgano que por mandato constitucional debe emitir la votación definitiva a más tardar el 30 de noviembre.
Adicionalmente, los legisladores avalaron de forma afirmativa el segundo presupuesto extraordinario para 2026, el cual aplica una reducción neta de gastos por 167.968 millones de colones para compensar una caída proyectada en los ingresos corrientes del Estado.
