George Rodríguez EP. Cien presos políticos en Nicaragua fueron pasados al régimen de convivencia familiar (casa por cárcel), informó, este lunes, el Ministerio de Gobernación (Migob).
De ese total, solamente seis son mujeres, de acuerdo con la lista de beneficiado con la medida que el Migob adjuntó a la escueta Nota de Prensa mediante la cual informó sobre la acción gubernamental.
El ministerio “da a conocer (…) que, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, ha dado cumplimiento a 100 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública”, quienes “han recibido el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares”, según la información oficial.
La descripción oficial de los delitos hizo alusión a personas detenidas en el marco de la represión policial y parapolicial antiopositora que el régimen orteguista mantiene desde el inicio hace más de un año, de la violenta crisis sociopolítica que golpea al país centroamericano.
El proceso fue observado por personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), precisó el ministerio, en el texto de dos párrafos emitido por su oficina de Relaciones Públicas.
“Se hace del conocimiento público, que, en el proceso de excarcelación de 100 pres@s por decisión unilateral del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, participaron como observadores, los delegados” del CICR, aseguró.
A continuación del texto, fue adjuntada la lista de los cien nombres y el detalle del respectivo documento de identidad –o ausencia de éste-.
La nómina fue encabezada con la explicación oficial de los delitos por los cuales esas personas cumplen condena, y la precisión de “recibieron el lunes 20/05/19 el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares”.
La acción gubernamental siguió a cuatro similares medidas aplicadas a algo más de trescientos presos políticos, en el marco de la negociación entre el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), para dar solución la dramática situación nicaragüense.
En los tres primeros casos –el 27 de febrero, el 15 de marzo, el 5 de abril-, y en el de este lunes, se trató, específicamente de procesados por motivos políticos, mientras que, en el cuarto –el 16 de abril-, del total de 636 excarcelados, solamente 36 fueron reclusos opositores.
Las medidas no incluyeron a ninguno de los presos políticos cuyos casos han centrado la mayor atención a nivel mediático, tales como los de varios dirigentes campesinos y estudiantiles, además de dos periodistas.
Estallada el 18 de abril de 2018, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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