George Rodríguez EP. El regreso del autoproclamado presidente interino venezolano, diputado opositor Juan Guaidó, a Venezuela, genera preocupación, ante la posibilidad de que enfrente alguna acción judicial en su contra, indicó, este miércoles, un alto funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ello, debido a la gestión de la Fiscalía General de Venezuela, el 29 de enero, para la aplicación, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de medidas cautelares contra Guaidó, incluida la prohibición de abandonar el territorio nacional, de acuerdo con lo indicado por el comisionado y relator der la CIDH para Venezuela, Francisco José Eguiguren.
“Sin duda hay preocupación, yo creo que va a ser una prueba de fuego porque el Gobierno ha anunciado que podría o habrían promovido acciones judiciales contra Guaidó”, expresó Eguiguren, a la agencia española de noticias Efe.
De aplicarse alguna sanción al opositor, cuando se encuentre nuevamente en territorio venezolano, se trataría de una medida grave, reflexionó el relator de la CIDH.
Eguiguren dijo que “todo dependerá de si las amenazas se concretan o se quedan en una declaración política”, y aseguró que la eventual detención de Guaidó se constituiría, para el régimen madurista, en “una “opción políticamente más grave”.
El dirigente opositor está amparado en el derecho universal, de toda persona, a ingresar, irrestrictamente, a su país de origen, señaló, asimismo.
“Se supone que todo nacional tiene el derecho de ingresar a su país, cuando lo desee, sin necesidad de ningún tipo de autorización”, por lo que, si fuese detenido, ello “sería un acto manifiestamente arbitrario, violatorio de su derecho a la libertad de circulación, de tránsito, y de residencia”, advirtió.
Eguiguren formuló las declaraciones luego de que el dirigente opositor anunció, la mañana de este miércoles, su inminente regreso, desde la limítrofe Colombia, y convocó, para ello, a una movilización masiva, en fecha por definir.
Guaidó se encuentra en Colombia, desde el 23 de febrero, cuando llegó para encabezar el frustrado intento opositor por introducir, en camiones, a territorio venezolano, la ayuda humanitaria almacenada en la oriental ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.
El esfuerzo fue frustrado, por el régimen madurista, mediante sostenida represión que tuvo saldo de víctimas fatales y heridos.
Similares incidentes ocurrieron en el sur venezolano, cuando fuerzas de seguridad del régimen de Maduro impidieron el ingreso de asistencia humanitaria, desde el norteño estado brasileño de Roraima, donde también, aunque en menor volumen, se ha embodegado ayuda de emergencia para Venezuela.
Maduro sostiene, para justificar su negativa a que la ayuda ingrese a territorio venezolano, por una parte, que Venezuela no la necesita, y, por otra, que se trata del preludio de una invasión militar estadounidense.
En tal contexto, ha ordenado el cierre de las fronteras marítimas venezolanas con las islas caribeñas de Aruba, Bonaire, y Curazao, y la terrestre, de 2,137 kilómetros con Brasil, y de los puentes binacionales ubicados en diversos puntos del límite terrestre de 2,341 kilómetros con Colombia.
Una de estas estructuras viales es el puente Tienditas –aun no inaugurado-, que interconecta a Cúcuta –donde está embodegada la mayor parte de la asistencia- y la occidental y también fronteriza ciudad venezolana de Ureña, en el estado de Táchira, la principal ruta prevista para el traslado de la ayuda de emergencia.
Ello, debido a que se trata de territorios en los cuales está almacenándose la asistencia humanitaria externa destinada a Venezuela.
La crisis socioeconómica, política, y de seguridad venezolana ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos 3.5 millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, tales como Ecuador y Perú.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la generalizada falta de oportunidades.
