George Rodríguez EP. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, citó, al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a sesionar para analizar acciones mediante las cuales enfrentar las protestas que, a nivel nacional, se llevan a cabo para exigir la renuncia del mandatario, informaron medios de comunicación locales.
Hernández formuló la convocatoria durante la madrugada, tras una jornada de violentos choques entre manifestantes y efectivos militares, incidentes que tuvieron saldo de por lo menos una víctima fatal y más de una decena de heridos, según las versiones periodísticas.
Los manifestantes exigen que JOH –como el presidente es conocido popularmente, en Honduras, por sus iniciales- dimita, por considerarlo culpable de haber cometido actos de corrupción y por presunto vínculo con el narcotráfico.
Entretanto, un sector de efectivos de las militarizadas Fuerzas Especiales, anunció que no reprimirá más a los manifestantes.
El mandatario indicó que, durante la reunión del consejo, se aprobará acciones para
Restringir las manifestaciones populares antigubernamentales, como medio para asegurar “la libre circulación, el respeto a la propiedad privada”, entre otros objetivos, indicaron los medios.
Encabezado por el presidente, el consejo está integrado, asimismo, por los ministros de Defensa y de Seguridad, los presidentes de los poderes Judicial y Legislativo, y el titular del Ministerio Público.
El Congreso Nacional (parlamento unicameral), entonces presidido por Hernández, creó, en 2011, el consejo.
De acuerdo con lo planteado, este jueves, por el portal informativo Criterio.hn, “bajo ese contexto, Hernández goza de una mampara legal para tomar acciones, sin importar que éstas atenten contra los intereses de la ciudadanía”.
Los incidentes del miércoles se enmarcan en el ambiente de protesta antigubernamental iniciado hace más de un mes, cuando maestros, médicos, y estudiantes iniciaron masivas manifestaciones, que fueron mantenidas, durante semanas, con saldo de decenas de heridos y detenidos, para exigir la derogación de dos decretos presidenciales referidos a la enseñanza y la salud públicas.
Ambos decretos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) –PCM 026 y 027- que, de acuerdo con lo denunciado por sindicatos magisteriales y de salud, lo mismo que por organizaciones estudiantiles y de otros sectores, apuntaban a la eventual privatización de los servicios públicos educativos y de salud, y a despidos masivos, fueron dejados sin efecto.
Suspendidas al inicio de junio, las manifestaciones volvieron a las calles de Tegucigalpa –la capital nacional- y de otras ciudades, ahora para apoyar la exigencia de que Hernández abandone la presidencia.
Simultáneamente, un sector de efectivos de las Fuerzas Especiales, se pronunció, esta semana, a favor de los manifestantes, y aseguró que no seguirán reprimiéndolos.
Se trata de aproximadamente la décima parte de los efectivos de fuerzas tales como la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), sector que, además, llamó a sus contrapartes de las Unidades Metropolitanas de Prevención e Intervención contra el Crimen (Umep), y Unidades de Tarea (Udet), a sumarse a la medida.
En comunicados que ha emitido desde el martes, los integrantes rebeldes de esas fuerzas han asegurado que se abstienen de “tirarle al pueblo porque son nuestros hermanos”.
También han formulado reclamos gremiales propios, tales como trato digno, mejores salarios, y alimentación adecuada.
Las masivas manifestaciones a nivel nacional han sido objeto de represión principalmente por parte de la Policía Militar de Orden Público (Pmop).
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