La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras (CBF) expresó su preocupación tras la aprobación legislativa del proyecto que obliga a las entidades financieras a responder por el dinero perdido por clientes víctimas de estafas electrónicas.
El pronunciamiento del sector se produce luego de que la Comisión con Potestad Legislativa Plena III de la Asamblea Legislativa aprobara en segundo debate el expediente 23.908, que establece nuevas responsabilidades para los bancos frente a fraudes digitales cometidos contra usuarios del sistema financiero.
La normativa obliga a las entidades financieras a reponer el dinero sustraído de manera ilegítima de las cuentas de sus clientes, además de invertir la carga de la prueba para que sean los bancos quienes demuestren que no tuvieron responsabilidad en el fraude.
Sin embargo, la Cámara de Bancos manifestó su inconformidad con la aprobación del proyecto y señaló que la redacción del texto podría generar efectos negativos para el propio sistema financiero y para los usuarios.
“La iniciativa parte de una preocupación legítima ante el aumento de los delitos financieros”, indicó la organización en un comunicado, aunque advirtió que el proyecto presenta aspectos que deberían revisarse para evitar consecuencias no previstas.
El gremio bancario señaló que trasladar de manera amplia la responsabilidad económica hacia las entidades financieras podría tener impactos indirectos sobre los servicios financieros.
“Estos costos, inevitablemente, terminan impactando el precio de los servicios financieros, lo que afectaría directamente a los clientes del Sistema Financiero Nacional”, advirtió la Cámara.
Según el sector, la imposición de mayores obligaciones financieras para las entidades podría traducirse en ajustes operativos dentro del sistema bancario, incluyendo mayores provisiones de riesgo o cambios en las condiciones de algunos servicios.
Además, la organización advirtió sobre un posible efecto de exclusión financiera si el acceso al crédito o a servicios formales se encarece.
“Cuando el acceso al sistema financiero formal se encarece o se restringe, algunas personas pueden verse empujadas hacia mecanismos informales de financiamiento, donde no existen garantías ni protección al consumidor”, señaló la Cámara de Bancos.
Otro de los cuestionamientos del sector es que la normativa, según su criterio, no ataca el origen del problema detrás de las estafas electrónicas. La Cámara de Bancos indicó que estos delitos suelen estar vinculados con estructuras criminales organizadas que operan mediante ingeniería social y otros métodos de fraude digital.
“Trasladar de manera amplia o prácticamente automática la responsabilidad económica a las entidades financieras no desarticula estas redes criminales ni fortalece la persecución penal”, sostuvo la organización.
En ese sentido, el gremio reiteró que el combate a las estafas electrónicas requiere un enfoque integral que incluya la persecución del crimen organizado, el fortalecimiento de la educación financiera y la coordinación entre autoridades judiciales, tecnológicas y el sector privado.
El proyecto aprobado por el Congreso surge en medio del incremento de las estafas electrónicas en el país y busca reforzar la protección de las personas usuarias del sistema financiero.
La legislación establece que los bancos deberán responder por el dinero sustraído de cuentas cuando no se demuestre negligencia por parte del cliente y obliga a crear mecanismos más ágiles para investigar los casos y devolver los montos sustraídos.
Tras su aprobación legislativa, la iniciativa deberá ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual firma y publicación como ley de la República.
Mientras tanto, la Cámara de Bancos reiteró que respalda la necesidad de fortalecer la protección a los consumidores, pero insistió en que cualquier reforma debe construirse con criterios técnicos y equilibrio regulatorio para evitar distorsiones en el sistema financiero.
Alonso Mejía.
