La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley que obligará a las entidades financieras a responder por el dinero que pierdan los clientes víctimas de estafas electrónicas, una iniciativa que generó fuerte debate entre diputados y el sector bancario.
La reforma fue avalada en la Comisión con Potestad Legislativa Plena III con el voto de los 14 legisladores presentes, dejando en firme el expediente 23.908, denominado “Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero”.
Ahora el texto deberá pasar al Poder Ejecutivo para su eventual firma y publicación como ley de la República.
La normativa establece que los bancos y demás entidades financieras deberán indemnizar a sus clientes cuando se compruebe que fueron víctimas de fraudes electrónicos, como transferencias ilegítimas o sustracción de fondos desde cuentas bancarias.
El proyecto introduce cambios en la legislación de defensa del consumidor para establecer que las entidades financieras son responsables de custodiar el dinero depositado por sus clientes. En consecuencia, deberán responder por los daños ocasionados cuando ese dinero sea sustraído mediante estafas o accesos ilegítimos.
Uno de los elementos centrales de la reforma es que la carga de la prueba se invierte en favor de las víctimas. Esto significa que ya no será el cliente quien deba demostrar que fue estafado, sino que corresponderá al banco probar que no tuvo responsabilidad en el fraude.
Además, la legislación obliga a las entidades financieras a crear mecanismos más ágiles para investigar los casos y devolver el dinero sustraído, cuando se compruebe el carácter ilícito de las transacciones.
La iniciativa fue presentada por el diputado liberacionista Óscar Izquierdo y recibió respaldo de distintas fracciones legislativas, incluyendo PLN, PUSC, Frente Amplio, PLP, Nueva República, oficialismo e independientes.
El objetivo, según sus impulsores, es equilibrar la relación entre los usuarios del sistema financiero y las entidades bancarias, ante el aumento de fraudes electrónicos en el país.
Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que las estafas electrónicas han registrado un fuerte incremento en los últimos años, lo que motivó la discusión de mecanismos legales para fortalecer la protección de los consumidores.
