Redacción | EP. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este martes su preocupación porque considera que el estado de derecho y el orden constitucional están siendo socavados en El Salvador, a medida que las autoridades implementan medidas para combatir la propagación de la COVID-19.
En el país centroamericano, las autoridades legislativas declararon una emergencia nacional en marzo, introduciendo algunas restricciones en cuanto al tránsito y reuniones públicas. Además se establecieron ciertas medidas, sin especificar las penalidades para quienes no cumplieran con éstas y el Presidente, Nayib Bukele, ordenó la cuarentena domiciliar el 21 de marzo.
“El derecho internacional permite a los gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la COVID-19. Sin embargo, estas medidas deben ser necesarias y proporcionales”, manifestó Bachelet.
Según indica la ONU, desde la implementación de las medidas en El Salvador, las fuerzas de seguridad han arrestado a personas por presuntamente no observar la cuarentena domiciliar. Según los informes, las personas detenidas han sido trasladadas a sedes policiales, centros de cuarentena e instalaciones improvisadas, y detenidas en condiciones a menudo de sobrepoblación y poco higiénicas hasta por 30 días.
“También debe haber supervisión judicial y legislativa vinculante para el poder ejecutivo, y el ejecutivo debe acatarla. Me preocupa que este no ha sido el caso en El Salvador y que el gobierno está, por consiguiente, faltando a los principios fundamentales del estado de derecho”, agregó la Alta Comisionada.
La ONU lamentó que el gobierno ha ignorado reiteradas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de abstenerse de implementar medidas para hacer cumplir la cuarentena domiciliaria, sin una ley debidamente adoptada por la Asamblea Legislativa.
“Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19 y que pongan inmediatamente en libertad a todos los detenidos arbitrariamente luego de haber sido examinadas médicamente”, sentenció Bachelet.
La Alta Comisionada también expresó su preocupación por los mensajes públicos que estigmatizan a los periodistas y contra los defensores de derechos humanos y las instituciones que buscan defender las libertades fundamentales y el estado de derecho.
