Esteban Mata

La investigación legislativa sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) concluirá formalmente con la votación de dos dictámenes y al menos, existe una conclusión clara por parte de la oposición: la discusión no debe centrarse en la existencia o no de sobreprecios —un terreno que dejan en manos de los peritos judiciales— sino en el viciado proceso de toma de decisiones que imperó en la institución.

El Caso Madre Patria nació como una de las investigaciones más ambiciosas contra el crimen organizado y la corrupción institucional, pero hoy se empieza a mostrar como un posible fracaso del Ministerio Público, pese a espectaculares allanamientos, captura y secuestro de información y dispositivos móviles y a un escándalo mediático que no pasa de allí.

La renuncia de la presidenta electa, Laura Fernández, a las filas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) antes de asumir el poder el 8 de mayo, no es un acto de purismo ético ni una exigencia legal. Es, en el fondo, un mensaje populista cargado de un simbolismo que golpea el sistema democrático con un mensaje que recalca el papel de simple taxi de los partidos político, a pesar de que nuestro Código Electoral se basa en su existencia.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penali confirmó este jueves el rechazo a la prórroga de la prisión preventiva para 20 de los imputados vinculados al caso conocido como “Madre Patria”. 

Mientras la Fiscalía acusa delitos graves como Legitimación de Capitales, Cohecho y Estafa Mayor, los tribunales abren la puerta a 20 imputados ante la lentitud de un sistema que se maneja con tiempos de papel y carbón.

Un juez de la República rechazó la ampliación de medidas y liberó a 18 imputados del Caso Madre Patria, una presunta organización dedicada al fraude registral, la legitimación de capitales y la falsedad ideológica, quedaron en libertad con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, aseguró que el país hace una inversión de ₡500 millones de colones mensuales en la operación crucitas sin ver frutos. Según Zamora, pese a la significativa cifra “Crucitas” sigue siendo tierra de los coligalleros.

La diputada del oficialismo, Ada Acuña, se mostró alarmada en la Comisión que investiga las presuntas irregularidades de la Caja y catalogó como grave el papel de la Fiscalía en los allanamientos que se efectuaron bajo el sonado caso barrenador.