El Caso Madre Patria nació como una de las investigaciones más ambiciosas contra el crimen organizado y la corrupción institucional, pero hoy se empieza a mostrar como un posible fracaso del Ministerio Público, pese a espectaculares allanamientos, captura y secuestro de información y dispositivos móviles y a un escándalo mediático que no pasa de allí.
El viceministro de Transportes, Carlos Ávila, actual jerarca del controvertido Consejo de Transporte Público, la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez y el diputados ex PUSC, ahora jaguar, Leslie Bojorges, fueron mencionados, investigados y sus celulares secuestrados, sin que ahora, un año después, se tenga información sobre su relación con el caso.
Ante este panorama de liberaciones y cuestionamientos, la Fiscalía ha intentado calmar las aguas. En declaraciones al medio elperiodicocr, el Ministerio Público aseguró que el caso “sigue vivo” y que el cambio de medidas cautelares no frena la investigación. Sin embargo, para la opinión pública, estas palabras suenan a una defensa de oficio ante la incapacidad técnica de sostener las pruebas frente a un juez tras meses de recolección de evidencia.
Tras más de un año de indagaciones, la falta de una acusación sólida obligó a un juez a liberar a 18 imputados, dejando una pregunta incómoda: ¿estamos ante el nuevo gran fracaso del Ministerio Público?
La trama reveló vínculos profundos entre estructuras criminales y la clase política. Sin embargo, mientras el tiempo corre, el ruido judicial se apaga.
La debilidad en la acción de la Fiscalía ha permitido que figuras de alto perfil, como el diputado Bojorges, el viceministro Ávila y la alcaldesa Jiménez, se desvanezcan del foco principal del expediente.
El nivel de surrealismo de este caso quedó plasmado en revelaciones periodísticas contundentes.
Según el Semanario Universidad, la alcaldesa Jiménez admitió haber recibido una bolsa con monedas de oro y plata por parte de un imputado de apellido Chaves, pero lanzó una justificación lapidaria: “Leslye me embarcó”, señalando al diputado Bojorges como el facilitador del encuentro.
Pero el alcance de la red no terminó en gobiernos locales. Según una publicación de CRHoy, el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, confirmó haber mantenido una reunión con un empresario autobusero de apellido Chaves, hoy imputado en el caso.
Aunque el jerarca intentó matizar el encuentro como una gestión ordinaria, la cita ocurrió precisamente para discutir temas de rutas y paradas, evidenciando que los tentáculos de “Madre Patria” llegaron hasta el corazón del Consejo de Transporte Público (CTP).
A pesar de estas confesiones y de las evidencias de reuniones entre altos jerarcas y sospechosos de fraude registral, la justicia parece caminar a paso de tortuga.
Al no existir una pieza acusatoria sólida tras meses de recolección de pruebas, el proceso penal entra en una zona de cuidados intensivos donde la impunidad parece ser el desenlace más probable.
Esta situación no es solo un error de procedimiento; es un golpe a la confianza ciudadana.
El patrón se repite: grandes despliegues mediáticos y allanamientos cinematográficos que se diluyen por la incapacidad técnica de la Fiscalía para sostener las pruebas frente a un juez.
El sistema judicial costarricense no puede permitirse que las relaciones entre diputados, alcaldes y viceministros queden en el olvido. Si el Ministerio Público no logra amarrar los cabos de Madre Patria, el mensaje para la clase política será peligroso: que en Costa Rica, las bolsas de monedas y las reuniones de alto nivel con el crimen organizado terminan siendo anécdotas sin castigo.
