Allan Madriz | EP. La Fundación MarViva criticó la decisión del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) de aprobar el establecimiento de nuevas licencias para la pesca de arrastre de camarón.
El pasado 10 de noviembre la Junta Directiva de Incopesca dio el visto bueno a las nuevas licencias, irrespetando el voto de la Sala Constitucional del año 2013, que prohibía otorgar o renovar permisos, autorizaciones o nuevas licencias.
Para los ambientalistas, Incopesca está atribuyéndose funciones de la Asamblea Legislativa al establecer nuevas licencias por medio de un acuerdo de Junta Directiva.
“Según la sentencia de la Sala, se requiere de una reforma legal con el correspondiente respaldo científico y tecnológico. La Asamblea no ha aprobado ninguna Ley permitiéndole y hasta la fecha la Universidad Nacional y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología han expresado que no existen dichos estudios que avalen la sostenibilidad de esa pesquería”, explicó Jorge A. Jiménez, director general de MarViva.
En la sentencia 10540-2013, la Sala Constitucional anuló los artículos de la Ley de Pesca relacionados con permisos y licencias para pesca de camarón con redes de arrastre.
La Sala consideró que permitir este tipo de pesca se opone al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la obligación de proteger las bellezas naturales y la seguridad alimentaria del país.
“Más de cuatro años después de la Sentencia de la Sala, el gobierno no ha logrado establecer alternativas para los pescadores, impulsando obstinadamente un mal concebido Proyecto de Ley que no tiene el sustento de la mayoría de las comunidades costeras, de la Academia ni del Sector Ambiental”, agregó Jiménez.
La Sala señaló que el método utilizado en la pesca de arrastre de camarón, al capturar todo tipo de especie marina, no solo afecta los intereses de las personas dedicadas a la pesca artesanal de camarón, sino también los intereses de todos los pescadores artesanales.
El proyecto de Ley impulsado por el Gobierno sobre este tema ha chocado fuertemente dentro de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. A pesar de que fue retirado de dicho órgano legislativo, el Ejecutivo decidió reenviarlo para la valoración.
Sin embargo la mayoría de legisladores de la Comisión se oponen a la iniciativa debido a criterios técnicos presentados por varias organizaciones, quienes aseguran que el proyecto está en contra de lo estipulado por la Sala en el 2013.
Posición del Gobierno
Pese a las críticas de los ambientalistas, el Gobierno de Luis Guillermo Solís sostiene que las nuevas licencias de pesca aprobadas por Incopesca cumplen con las exigencias de Sala IV.
El Gobierno aseguró que las nuevas licencias aprobadas y las renovadas responden a 25 mejoras regulatorias con las que se atienden las preocupaciones de conservación ambiental y el principio de desarrollo sostenible democrático externado por los magistrados.
“Estas nuevas licencias garantizan mejores condiciones para la protección de los recursos marinos de forma sostenible, a la vez que mantienen el principio de utilización responsable de los recursos, permitiendo que la flota artesanal y la industrial pueden desarrollarse en forma armónica y controlada, con la constante revisión de los criterios técnicos y ambientales”, indicó la Administración Solís mediante un comunicado.
