Aarón Chinchilla EP. | Luego que los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales y Jorge Fonseca presentaran un proyecto de ley para regular la actividad minera metálica en Costa Rica, distintos sectores ambientalistas criticaron la propuesta y la consideraron como “inconveniente” para el país.
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Uno de los primeros grupos en reaccionar en contra del expediente 21.584 fue la Unión Norte por la Vida (Unovida), la cual consideró que el modelo de minería metálica, que plantean los liberacionistas a través del proyecto, responde a un modelo económico insostenible, extractivista y depredador de la naturaleza, que atenta contra la existencia misma de la especie humana en el planeta.
Por su parte, el excandidato presidencial del Frente Amplio (FA) Edgardo Araya criticó la propuesta y afirmó que después del 2010, cuando se prohibió la minería a cielo abierto en el país, “los gobiernos, (tanto el central como los municipales), que continuaron en el poder, mantuvieron en el abandono, no sólo a Crucitas, sino en general a las zonas fronterizas y costeras, a pesar de las propuestas concretas de desarrollo sostenible que se plantearon desde distintos sectores de la sociedad.
“Los dos últimos gobiernos no han pasado de proponer “Planes de Atención Integral”, que a la fecha no se han materializado en acciones concretas para solucionar la problemática de la zona”, consideró.
Asimismo, Mauricio Jiménez, presidente de UNOVIDA, señaló que una propuesta mejor que el proyecto, concreta y económicamente viable es la adquisición, por parte del Estado, de la finca afectada por la minería ilegal, con el fin de tener un mayor control público de la zona y establecer ahí, además de una academia policial, un Centro de Investigación y Capacitación en Desarrollo Sostenible, administrado por las universidades públicas y con una propuesta de financiamiento con cooperación internacional en desarrollo sostenible.
Desde las organizaciones ambientales mantenemos con firmeza nuestra oposición a reactivar la minería industrial de oro a cielo abierto. Reiteramos nuestro compromiso en defensa de la naturaleza y las comunidades que dependen de ella.
La propuesta de los liberacionistas plantea tres tipos de minería que se podrían desarrollar en el país, con un marco regulatorio: la artesanal, la pequeña minería y la mediana minería. Además, las personas o empresas interesadas deberán contar con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) y cumplir con los requisitos que establece la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Asimismo, la iniciativa establece la prohibición del uso del mercurio y el otorgamiento de permisos para explorar o explotar recursos minerales en Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Reservas Forestales y Refugios de Vida Silvestre.
