Allan Madriz | EP. Este miércoles fue presentado en la Asamblea Legislativa el proyecto “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica”, que busca regular la actividad minera metálica en Costa Rica.
La propuesta, bajo el expediente 21.584, fue presentada por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales y Jorge Fonseca, con la intención de que se cumpla de manera efectiva el articulo 1 del Código de Minería, el cual otorga al Estado el dominio de los recursos minerales del país.
El proyecto plantea tres tipos de minería que se podrían desarrollar en el país, con un marco regulatorio: la artesanal, la pequeña minería y la mediana minería. Además, las personas o empresas interesadas deberán contar con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) y cumplir con los requisitos que establece la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Asimismo, la iniciativa establece la prohibición del uso del mercurio y el otorgamiento de permisos para explorar o explotar recursos minerales en Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Reservas Forestales y Refugios de Vida Silvestre.
La liberacionista María José Corrales fue enfática en que su apoyo a esta propuesta de ley se debe a la situación que se vive en la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos.
“La inacción estatal nos ha llevado a consecuencias muy serias: contaminación con mercurio por la práctica ilegal de la minería, descomposición social que se manifiesta en tráfico de armas, drogas, prostitución, enfermedades que estuvieron erradicadas y que ahora reaparecen como la malaria y el saqueo de oro que equivale al valor de casi $400 millones. Mientras esto ocurre, el Gobierno no ha cumplido su promesa de presetar un plan de atención a esta problemática”, indicó la legisladora del PLN.
La propuesta establece también un canon anual de superficie, de acuerdo a la clasificación de los tipos de minería (artesanal, pequeña, mediana y plantas de beneficio). Además propone un impuesto del 20% sobre las ventas brutas del material extraído.
Los recursos provenientes de este impuesto serán destinados en diferentes porcentajes al fortalecimiento y ampliación de la cobertura del Régimen de Pensiones no Contributivo de la CCSS, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, Municipalidades y Dinadeco.
Otra de las exigencias del proyecto, consiste en que al menos las dos terceras partes de las personas que trabajen para la concesión minera deberán ser vecinos del cantón donde opere el proyecto.
Finalmente, para que se otorgue una concesión, se conformará una Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima) con participación de funcionarios del Minae, las Municipalidades donde se realice el proyecto, asociaciones comunales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que ven temas ambientales.
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