Aarón Chinchilla EP. | Tras cuatro semanas de violentas manifestaciones ciudadanas, el Gobierno de Sebastián Piñera y partidos de la oposición alcanzaron un pacto para redactar una nueva Constitución Política en Chile.
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El anuncio fue realizado por el presidente del Senado, Jaime Quintana, quien aseguró que “escucharon con humilidad el clamor popular” para avanzar “hacia una salida democrática y pacífica al conflicto” y habrá plebiscito en abril de 2020 para redactar una nueva Constitución que sustituirá a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973 -1990).
“Hoy es un día histórico para Chile. Desde hace tres décadas se ha intentado muchas veces cambiar la Constitución. Hoy la ciudadanía lo ha hecho posible”.
Hoy es un día histórico para Chile. Desde hace tres décadas se ha intentado muchas veces cambiar la constitución. Hoy la ciudadanía lo ha hecho posible. Esta es una victoria de todo el país. pic.twitter.com/15Py8ay4Lu
— Jaime Quintana (@senadorquintana) November 15, 2019
El acuerdo presentado por la oposición –excepto el Partido Comunista, el Partido Progresista, el Partido Humanista y el Partido Regionalista Verde– plantea en su primer punto, suscribir un “acuerdo de restablecimiento de paz y orden público”.
En segundo lugar, impulsar un plebiscito que se realizará en abril de 2020 y en el que la ciudadanía responderá a dos preguntas: ¿quiere usted una nueva Constitución? y ¿qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? Aquí tendrá la posibilidad de elegir entre una Convención Mixta Constitucional –formada en un 50% por ciudadanos y otro 50% por parlamentarios que deberán abandonar su cargo– o una Convención Constitucional (Nombrada regularmente como Asamblea Constituyente, pero esta denominación incomodaba a los sectores de la derecha, por lo que se optó por bautizarla de otra forma).
El acuerdo sobre la Constitución fue uno de los más complicados, puesto que el oficialismo y sectores de la derecha chilena apelaban a mantener la carta magna como vigente, no obstante, la magna se escribirá desde cero sin tener como base el actual documento.
El plazo para proponer una nueva Carta Magna será de nueve meses, prorrogable por tres meses. Finalmente, la Constitución será ratificada o rechazada en otro plebiscito mediante el sufragio universal obligatorio.
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