Allan Madriz | EP. “No es ni pro sindical ni pro empresarial, lo que busca es regular la huelga sin menoscabar el derecho a la libertad de expresión ciudadana”, de esta manera la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Franggi Nicolás, definió el texto sustitutivo del expediente 21.049, “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”.
La liberacionista junto a un grupo de 11 legisladores presentaron el texto sustitutivo al proyecto de su compañero de bancada Carlos Ricardo Benavides, que incluso ya fue dictaminado por la comisión especial de derecho a huelga y que entró en su fase final de corriente legislativa.
La propuesta de los 12 diputados busca que se puedan legalizar los movimientos de huelgas en servicios esenciales como salud y seguridad, si se presentan un plan de servicios mínimos por parte de los huelguistas, que garantice que no se pondrá en riesgo ni la vida, ni la salud, ni la seguridad de las personas.
Esto contrasta con el proyecto de Benavides, que busca que las huelgas en los servicios esenciales no sean permitidas, debido a las consecuencias negativas que han provocado a la ciudadanía y a la economía los últimos movimientos de huelgas, que en algunos gremios se extendieron varios meses el año anterior.
“Es claro que hoy, existe un gran vacío en la legislación costarricense en materia de huelgas, por lo que el espíritu de este texto sustitutivo es regular este movimiento social para que no quede a la libre ya que genera incertidumbre y trastornos al país; pero tampoco buscando cercenando el derecho de la libre expresión de la ciudadanía”, señaló Nicolás.
La liberacionista considera que esta propuesta busca equilibrios en cuanto la defensa de la libertad de expresión, pero sin que esta libertad “afecte con excesos al grueso de la población que utiliza servicios públicos”.
“Conscientes de que una huelga no puede durar en el país 90 días, el texto sustitutivo busca darle certeza y tranquilidad al país con un proceso ágil que le permita a los juzgados calificar la huelga como ilegal o legal de manera expedita”, añadió la legisladora del PLN.
Una los puntos impulsados en el texto sustitutivo es la prohibición del rebajo retroactivo al salario de los trabajadores en una huelga que haya sido declarada ilegal. Por lo que solo los trabajadores y las trabajadoras que no se presenten después de 24 horas de la declaratoria de la ilegalidad de la huelga serían sancionados.
“Creo que ese proyecto de ley y ese esfuerzo tan grande que vamos a hacer en esta Asamblea Legislativa y que pronto se acerca esa discusión en el seno de este Congreso tiene que hacerse aprobando una ley que sea proporcional, que sea equilibrada y que sea balanceada, una ley que sea a la tica, no impositiva, no coercitiva; tampoco acallando una expresión ciudadana que también en esos equilibrios y contrapesos, no podemos silenciar no cercenar de manera absoluta”, explicó la liberacionista.
La alternativa presentada este jueves propone que por medio de convención colectiva de trabajo o de cualquier otro instrumento colectivo de trabajo, los sindicatos puedan determinar con el respectivo empleador, los servicios que no podrán suspenderse durante una huelga en servicios esenciales, así como establecer cuáles servicios pueden participar en la huelga, garantizando la prestación de un servicio mínimo.
Franggi Nicolás, Paola Valladares y Daniel Ulate del PLN; Walter Muñoz y Patricia Villegas del PIN; Dragos Dolanescu del PRSC; José María Villalta del Frente Amplio; Shirley Díaz del PUSC y los independientes, Carmen Chan, Nidia Céspedes, Harllan Hoepellman e Ignacio Alpizar, son los legisladores que impulsan el texto sustitutivo.
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