George Rodríguez EP. La opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) espera la pronta liberación de algo más de doscientos presos políticos, proceso que está demorado a causa de que el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, no emite la orden del caso, indicó, en declaraciones publicadas este miércoles, el empresario Adán Aguerri, integrante de la coalición.
Se trata de 232 detenidos políticos cuyos nombres figuran, coincidentemente, en las listas que el gobierno y la ACJD han presentado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entidad humanitaria que está acompañando el proceso de excarcelaciones.
En la mayoría de los casos, los datos contenidos en las respectivas nóminas no coinciden, ya que la alianza estima que el total de presos políticos es de 809, mientras la cifra gubernamental es inferior a 600.
“Esperamos que puedan salir lo más pronto posible”, dijo Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), quien agregó que “el Comité Internacional de la Cruz Roja está listo, a la expectativa, esperando que el Gobierno dé la orden”.
El planteamiento del dirigente empresarial nicaragüense fue publicado tres días después de que, en declaraciones difundidas por el diario local La Prensa, el portavoz del CICR, Alberto Cabezas, advirtió que la situación legal de los presos políticos en Nicaragua es compleja.
El comité está conciliando las nóminas que, de detenidos políticos, le han presentado las partes que desarrollan la negociación en procura de dar solución a la violenta crisis sociopolítica que golpea, hace casi un año, al país centroamericano –el régimen orteguista y la ACJD-, indicó Cabezas.
Sin mencionar cifras, el vocero del CICR indicó que la complejidad deriva de la diversidad de situaciones jurídicas, ya que algunos detenidos fueron enjuiciados y condenados, mientras a otros no se les ha tipificado delito alguno.
Las declaraciones de Aguerri fueron publicadas cinco días después de que el gobierno pasó, a otros cincuenta presos políticos, al régimen de casa por cárcel.
En este caso, los beneficiados con la medida fueron 47 hombres y tres mujeres, de acuerdo con la lista contenida en una escueta Nota de Prensa difundida, el 5 de abril, por la oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Gobernación (Mingob).
Se trató de la tercera medida de este tipo implementada por el Mingob, desde febrero, y, al igual que en los dos casos anteriores, en la nómina no figura ninguno de los presos políticos cuyos casos han centrado la mayor atención a nivel mediático, incluidos los de varios dirigentes campesinos y estudiantiles, además de dos periodistas.
La medida se sumó a similares acciones, llevadas a cabo el 27 de febrero y el 15 de marzo –también en esos casos, en día viernes-, que beneficiaron, respectivamente, a alrededor de un centenar y a medio centenar de presos políticos.
Los tres cambios de régimen de detención tienen como marco la negociación que el gobierno y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) iniciaron el 27 de febrero, horas después de la primera excarcelación.
La negociación entró, el 3 de abril, en un impase respecto a dos puntos clave de la agenda de diálogo, informaron entonces las respectivas delegaciones.
“La Mesa de Negociación, al concluirse hoy 3 de abril del 2019 el término previsto para su trabajo, no logró alcanzar un entendimiento que le permitiera llegar a un consenso sobre los puntos de la agenda referentes a la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ni en el punto referente al Fortalecimiento de la Democracia y Reformas Electorales”, indicaron, en una breve Nota de Prensa.
Los negociadores plantearon, asimismo, la intención de retomar el debate respecto a ambos puntos de agenda, luego de un período, no especificado, de reflexión y consulta, e indicaron que, entretanto, las delegaciones trabajarán respecto al tema de la liberación de los presos políticos, agregaron.
Las deliberaciones gobierno-ACJD iniciaron el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la crisis nicaragüense.
Las primeras conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen orteguista, con cinco de los 10 integrantes de la CEN constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo –casi un mes después de iniciada la crisis-, el diálogo quedó suspendido en junio, causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
