Aarón Chinchilla EP. | El diputado del evangélico Partido Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño impulsa un proyecto de ley que procura incrementar sanciones económicas por contratar personas migrantes con estatus irregular.
La iniciativa número 21.272 “Fortalecimiento al combate de la explotación laboral de los migrantes”, pretende reformar los artículos 18 inciso 20), 177 y 179 de la ley de Migración y Extranjería, con el fin que cualquier persona que contrate a un trabajador migrante en condición irregular, sea sancionado con multas que alcanzarían hasta los 10 millones de colones.
En concreto, la propuesta señala sanciones a los patronos de 2 hasta 12 salarios base y pasaría de 4 y hasta 24 salarios base. Actualmente, el castigo máximo por este tipo de contrataciones es de ₡5.172.000, no obstante, con la aprobación de la iniciativa, las multas alcanzarían los ₡10.708.800, considerando el salario base para el 2019 por el orden de ₡446,200.
Para el congresista de Restauración Nacional, con esta modificación se protege a las personas extranjeras de la explotación laboral, pero además es una medida que fortalece la seguridad del país, al cerrar portillos a la contratación de trabajadores, de los cuales se desconoce su condición respecto a aspectos como antecedentes penales, entre otros.
“Huyendo de la pobrez, y de situaciones de conflictos, el país se ha convertido en un foco de recepción de migrantes, quienes, dado a su situación de vulnerabilidad y de irregularidad, son expuestos a condiciones de explotación laboral, obligados a realizar su trabajo en un escenario discriminación. Para robustecer el combate a este flagelo, propongo endurecer las sanciones a los empleadores, y fortalecer el trabajo de la Policía Migración.” sostuvo el congresista.
Por otra parte, el proyecto contempla la inyección de recursos para fortalecer el trabajo de la Policía de Migración, modificando el artículo 53 de la Ley 9590 para destinar –anualmente- hasta un 15% de recursos del Fondo Nacional contra Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt), a este órgano.
Igualmente, se busca establecer que dicho cuerpo policial cuente con el respaldo de inspectores del Ministerio de Trabajo, Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, lNS y policías municipales para la labor de investigación de la situación migratoria.
“Por temor a ser deportados, las víctimas de explotación no denuncian. Con esta medida, se pretenden establecer un mecanismo, que les permita laborar en el país, con el respeto a los derechos de cualquier trabajador, y al amparo de la ley” concluyó el diputado.
