George Rodríguez EP. La mayoría oficialista en la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- de Nicaragua retiró este jueves la personería jurídica a otras cinco organizaciones no gubernamentales, a las que, indistintamente, acusó de haber desnaturalizado su razón de ser, haber cometido delitos, no haber renovado sus respectivas autoridades, no haber presentado estados financieros.
Se elevó así a nueve el total de estas organizaciones sancionadas de ese modo.
La cinco afectadas este jueves son el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), que preside Mauricio Zúniga, la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, dirigida por Haydé Castillo, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río), dirigida por Amaro Ruiz, y la Fundación Popol Na, para la Promoción y el Desarrollo Municipal, dirigida por la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano.
Las cuatro agrupaciones afectadas anteriormente son el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) –el 29 de noviembre-, dirigido por la feminista costarricense-nicaragüense Ana Quirós, -detenida, su nacionalidad nicaragüense retirada, expulsada a Costa Rica, tres días antes-, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que dirige Félix Maradiaga –el 11 de diciembre-, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), encabezada por Vilma Núñez, y la organización Hagamos Democracia, dirigida por Luciano García -12 de diciembre, ambas organizaciones-.
La acción gubernamental apoyada por la mayoritaria de la bancada del FSLN -71de los 92 diputados-en la Asamblea Nacional, en todos los casos a iniciativa del Ministerio de Gobernación (Migob), fue condenado masivamente, este jueves, por casi un centenar de organizaciones no gubernamentales a nivel contentar americano.
En el caso específico de las agrupaciones defensoras de los derechos humanos, las sanciones son de “particular preocupación por su rol como defensores históricos de las víctimas de violaciones de derechos humanos en un país sin institucionalidad capaz de cumplir con sus obligaciones internacionales”, advirtieron, en una declaración conjunta, en la que condenaron “esta arbitrariedad que solo demuestra el cierre absoluto de espacios democráticos en este país”.
Organizaciones no gubernamentales lo mismo que miles de personas quedan, de ese modo, sin defensa, aseguraron las 91 entidades firmantes de la declaración titulada “Organizaciones de derechos humanos condenamos acciones estatales para dejar en indefensión a población nicaragüense”, texto difundido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Center for Justice and International Law, CEJIL), organización no gubernamental con sede en Washington y presencia continental.
Al advertir que la violenta crisis sociopolítica que hace más de siete meses golpea a Nicaragua “se agrava día con día y amenaza con desestabilizar aún más a toda la región centroamericana”, las agrupaciones firmantes señalaron que “expresamos nuestra solidaridad ante los y las colegas defensoras de derechos humanos en Nicaragua y les decimos que acompañamos su lucha. No están solos”.
Las agrupaciones de 18 países –así como 12 regionales y cuatro mundiales- formularon, asimismo, l cuatro exhortaciones, respectivamente, a la Organización de Estados Americanos (OEA), al secretario general de las Naciones Unidas –el portugués António Guterres-, al Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general, y a los movimientos sociales defensores de la democracia, a actuar con miras a poner fin a la crisis nicaragüense.
A la OEA, plantearon que se convoque, con urgencia, al Consejo Permanente, para que emita una resolución que condene esos hechos, mientras que, a Guterres, solicitaron el envío, a Nicaragua, de una delegación de alto nivel que trate de establecer vías de pronta solución a la crisis.
En cuanto al Sica, la UE y la comunidad internacional, los firmantes del texto solicitaron pronunciamientos de condena a las sanciones aplicadas por el Migob vía la Asamblea Nacional, además de que “tomen todas las acciones necesarias para apoyar a las personas defensoras en este país, así como para exhortar a las autoridades a rectificar sus actuaciones”.
También llamaron a movimientos sociales, organizaciones de diversa índole y a personas a nivel individual quienes defienden la democracia y la justicia, a expresar solidaridad con el pueblo nicaragüense.
La declaración fue emitida mientras persiste, en Nicaragua, la dramática situación que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
