Aarón Chinchilla EP. | Más de 1300 choferes que dieron positivo en pruebas de expiración (alcoholemia), fueron remitidos al Ministerio Público para enfrentar causas penales.
Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre enero y agosto del presente año, 1.385 conductores terminaron a las órdenes de las autoridades por manejar bajo efectos de alcohol.
De los casos, 303 dieron un resultado tan bajo que según la Ley de Tránsito no amerita una sanción, mientras que otros 219 sí recibieron una multa económica de ¢312.298,73 y acumularon 6 puntos en su licencia de conducir, lo que los obligará a realizar un curso de reeducación vial para poder renovar la licencia.
Germán Marín, Director de la Policía de Tránsito, mencionó que de manera diaria, seis conductores dan positivo en la prueba de expiración y de las 9.894 pruebas realizadas hasta el 31 de agosto anterior, 1.907 dieron positivo, en diferentes niveles, lo que representa un 19% del total.
“El año anterior tuvimos una reducción del 40% de las fatalidades respecto al 2016, este año se reportan 15 fallecidos vinculados al alcohol al volante, unos 3 menos que en el 2017; las cifras no son tan negativas, pero lo ideal es que sean menos y la clave, más allá de una sanción, es la conciencia tanto del conductor como de los amigos y familiares. El esposo, la hija o el amigo deben ser esos censores que le digan al conductor o a la conductora que no deben manejar tras haber consumido licor. Puede sonar crudo, pero es más barato un taxi que un ataúd”, reflexionó Marín.
La ley de tránsito señala que “El conductor que se niegue a realizarse la prueba de expiración de aire para detectar alcohol en su organismo, recibe una sanción de ¢312.298,73 y acumula 6 puntos en su licencia de conducir. En el 2018, han sido 53 conductores los que se negaron a la prueba, unos 7 por mes, como promedio.
