Aarón Chinchilla EP. | La Defensoría de los Habitantes señaló que es “urgente un nuevo modelo de gestión para la tramitación de bonos de vivienda de interés social”.
Mediante un comunicado de prensa, el ente determinó que, luego de realizar un análisis crítico y propositivo del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), se debe reestructurar el modelo de gestión para tramitar bonos, con el objetivo de determinar si realmente constituye un instrumento efectivo para el combate de la pobreza.
Según la Defensoría, se ejecutó una investigación entre los años 2012 y 2017 y se utilizó una muestra de 40 proyectos de vivienda de los 101 que beneficiaron a 6607 familias enlas seis regiones del país: Central, Pacífico Central, Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe-Atlántica. El estudio señaló que “no existe un registro real y actualizado a nivel país, donde se ubique en forma espacial la mayor necesidad de vivienda para familias de extrema pobreza”, además que “no hay un rol protagónico del Estado en la definición de los futuros beneficiarios”.
Otros puntos indicados por la investigación de la Defensoría fueron que, desde la perspectiva de los habitantes, “se evidencia que el Estado no es quien busca a las familias, sino que son sujetos privados los que en principio captan a los potenciales beneficiarios de los proyectos de vivienda, o en su defecto son los habitantes los que ubican a los desarrolladores para iniciar un proyecto de vivienda”. Asimismo, se indica que tampoco hay un registro actualizado del número exacto de precarios a nivel urbano y rural. Igualmente se puntualiza que “debido a la tramitología existente los plazos para la aprobación de proyectos de vivienda son extensos, lo cual viene en detrimento de un disfrute oportuno y pleno del derecho a la vivienda digna y adecuada. Hay carencia de protocolos o manuales sencillos y claros de gestión y coordinación del proceso de adjudicación de un bono de vivienda o proyecto de vivienda de interés social”. Por otra parte, “se evidenció que habían casas abandonadas, alquiladas, prestadas o mejoradas en el corto plazo a partir de su entrega, lo que supone una inadecuada escogencia de las familias beneficiadas y demuestra que el beneficio no siempre llega a las personas de extrema pobreza”, entre otros puntos.
“Dadas las circunstancias, pedimos fortalecer el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, a partir de un rol protagónico de las instituciones competentes, con cambios en su modelo de gestión para que sea accesible a la población que se encuentra en condiciones. Asimismo, que se analice la situación particular de grupos vulnerables como el de las personas adultas mayores, de tal forma que se reforme el Reglamento para la Tramitación de Bonos Familiares de Vivienda a Personas Adultas Mayores Solas, y se permita la permanencia de una persona acompañante del beneficiario directo del bono”
Asimsismo, a Defensoría señaló la importancia de implementar mecanismos de supervisión y fiscalización que garanticen que las empresas desarrolladoras y las Entidades Autorizadas realizan una adecuada labor en la tramitación de proyectos de vivienda y bonos individuales y el adecuado uso de protocolos y manuales que favorezcan el acceso a la información para los posibles beneficiarios.
