George Rodríguez EP. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Center for Justice and International Law, Cejil) llamó este jueves a la comunidad internacional a mantener la atención centrada en la violenta crisis sociopolítica que registra Nicaragua, y se declaró a favor de que el caso sea abordado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
“Instamos a la comunidad internacional a mantener el foco sobre el país y continuar realizando acciones para que se restablezca la democracia”, indicó Cejil, en un comunicado que emitió en San José, la capital de Costa Rica, ciudad sede de su oficia regional centroamericana.
Ello incluye esfuerzos por lograr la puesta en libertad de los opositores quienes están detenidos bajo cargos penales.
“En particular, pedimos interceder por la liberación de las personas injustamente acusadas de crímenes penales. Esta crisis no puede pasar por alto ni invisibilizarse, mientras cientos de personas son amenazadas, amedrentadas y sometidas a procesos injustos”, planteó.
Cejil indicó, asimismo, que se une a una iniciativa para que la dramática situación sea abordada por el Consejo de Seguridad, de modo que se determine medidas para su pronta solución.
“Nos sumamos a las voces que piden a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abordar la situación de Nicaragua y establecer algunas acciones inmediatas para contribuir a la resolución que esta crisis”, indicó.
El centro aludió así a lo informado un día antes, en conferencia de prensa en Managua, la capital nicaragüense, por el coordinador de la Misión en Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Guillermo Fernández.
“En el Consejo de Seguridad está prevista una reunión en la que se vería el caso de Nicaragua el 5 de septiembre”, indicó Fernández, quien explico que el traslado del tema a ese organismo mundial “tiene que ser aprobado por el voto de nueve miembros (del total de 15)”, agregó que, de ese modo, el caso se “elevaría a la instancia de mayor nivel en Naciones Unidas”.
Fernández formuló las declaraciones al presentar el informe de la Oacnudh titulado “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, documento que cubre el período desde el 18n de abril –fecha de inicio de la presente crisis- hasta el 18 de agosto.
El informe fue apoyado, este jueves, por Cejil.
“Saludamos el informe que ha realizado la OACNUDH y esperamos que pueda seguir monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones ahí establecidas”.
Entre otras recomendaciones que incluyó en el informe de 47 páginas, la Oacnudh planteó, al gobierno nicaragüense, cesar toda represalia antiopositora.
Aseguró que es necesario “poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización -incluido a través del uso de legislación anti-terrorista-, y cualquier otro tipo de represalias en relación con la participación en las protestas, incluidas contra los manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas y otros”.
Igualmente, el desmantelamiento y el desarme inmediatos de los grupos parapoliciales, y la protección de la población contra toda variante de violencia.
Asimismo, “detener todos los arrestos ilegales, y liberar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente; asegurar que el derecho al debido proceso de todas las personas acusadas sea respetado y que cualquier acusación criminal contra ellas sea acorde con los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad individual”.
Horas después de conocido el informe, el gobierno nicaragüense hizo pública una declaración de 33 páginas en la que refutó el contenido del informe de la Oacnudh, entre otras razones, porque se trata de un documento cuya redacción fue evidentemente influenciada por sectores de oposición, por lo que carece de objetividad:
En un acto público llevado a cabo en Managua, también el miércoles, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, rechazó, en fuertes términos el informe, y acusó a la Oacnudh de no ajustarse a la verdad.
“Estos organismos, de Naciones Unidas en este caso, este organismo que tiene que ver los derechos humanos no son más que unos instrumentos de la política de la muerte, el terror, la mentira, son infames”, aseguró, en la multitudinaria actividad conmemorativa del 51 aniversario de la batalla de Pancasán, un hito histórico en la exitosa lucha guerrillera contra la dictadura (1967-1979) del general Anastasio Somoza Debayle.
Estallada el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la presente crisis ha implicado una escalada de violencia policial y para policial contra extensos sectores de la sociedad civil que ahora exigen la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos.
En algo más de cuatro meses, la convulsión sociopolítica ha cobrado cerca de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daños infraestructurales y económicos.
