George Rodríguez EP. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó este lunes la reciente evaluación gubernamental referida al trabajo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viene cumpliendo en Nicaragua, en el marco de la violenta crisis sociopolítica que golpea hace cuatro meses al país.
El “Informe evaluativo de la actuación parcializada y politizada de la CIDH en Nicaragua”, que el gobierno emitió la semana pasada, es infundado, inexacto, y calumnioso, aseguró la organización de derechos humanos, en un comunicado de seis párrafos.
El Cenidh declaró que “condena y rechaza enérgicamente el infundado y mal llamado Informe Evaluativo (…) en el cual emite una serie de insultos, afirmaciones inexactas y descalificaciones calumniosas en contra de la labor que viene realizando la (…) CIDH, en nuestro país”.
El contenido del texto gubernamental es un intento por desviar la atención internacional que está enfocada en las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno en el marco de la represión antiopositora, aseguró la entidad local.
“El lenguaje descalificador” que caracteriza al informe, e incluye la “imputación velada de la comisión de hechos delictivos” atribuidos a la CIDH, es repetitivo de “afirmaciones amenazantes proferidas por el Canciller de la República y otros funcionarios del Gobierno, con lo cual han creído tender una cortina de humo para evadir las responsabilidades con que han incurrido al violar sistemáticamente los derechos humanos de los nicaragüenses”, advirtió el Cenidh.
Los cuestionamientos a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en general, y a la CIDH y otras estructuras de derechos humanos de la entidad continental involucradas en la búsqueda de solución a la crisis del país, han provenido principalmente del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y al canciller, Denis Moncada.
“Los términos y afirmaciones inexactas del llamado Informe Evaluativo a que hacemos referencia está muy lejos del comportamiento y estilo que deben regir las relaciones de un Estado Democrático al referirse al actuar de los órganos de protección internacional de derechos humanos de los cuales es parte”, señaló el Cenidh.
Es necesario, asimismo, rechazar la afirmación gubernamental de que las críticas contenidas en el documento reflejan el sentir de los nicaragüenses, agregó.
“EL CENIDH, hace un llamado a todos los y las nicaragüenses a rechazar la utilización e instrumentalización que una vez más pretende hacer el Gobierno (…) al afirmar que las anteriores diatribas que contiene el informe en referencia son una exigencia del pueblo de Nicaragua”, precisó.
En el documento que emitió el 18 de agosto, la administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, acusó a la CIDH de manipular la información sobre la violenta crisis sociopolítica que convulsiona al país y de emitir, al respecto, informes que calificó de sesgados.
En esos documentos, la comisión presenta el intento de golpe de Estado –la definición gubernamental de la crisis- como un movimiento de protesta pacífica, aseguró la cancillería nicaragüense, en el texto.
“Los informes y comunicados de la CIDH sobre Nicaragua son en sí mismos cuestionables, por su sesgo político y la metodología de trabajo, que carece de todo rigor científico, siendo una de sus fallas más notorias la falta de verificación de la información que recibe y la utilización irresponsable de fuentes sin ninguna credibilidad”, aseguró, en el texto de ocho páginas.
Las fuerzas golpistas son responsables de la pérdida de centenares de vidas durante los cuatro meses de violencia, lo que es ignorado por ese organismo enmarcado en la OEA, planteó, además, el ministerio.
“La CIDH manipuló la información, convirtiendo un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica, omitiendo deliberadamente que las personas asesinadas en su mayoría son policías, funcionarios del Estado, militantes sandinistas y civiles ajenos al conflicto, cuyas causas de muerte fueron por heridas con armas de fuego ocasionadas por los golpistas”, según la evaluación gubernamental.
De acuerdo con el planteamiento de la cancillería, la comisión se ha unido a algunos países, incluido Estados Unidos, en un esfuerzo por derribar al gobierno de Nicaragua.
“La actuación de la CIDH en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos y otros países, promueve maniobras políticas injerencistas, intentando desestabilizar y aislar internacionalmente a Nicaragua con el objetivo de derrocar a su Gobierno Constitucional”, con lo que “desvirtúa y deslegitima su actividad y la de sus funcionarios al asumir posiciones políticas, en abierta contravención de la Carta de la OEA, el Reglamento y el Estatuto de la propia CIDH”, denunció.
La administración de Ortega respondió así a los tres informes que la comisión ha producido sobre la dramática situación nicaragüense, documentos en los que ha criticado la sostenida represión policial y parapolicial antiopositora.
El documento oficial se enmarca en la crisis que, estallada el 18 de abril a raíz de un decreto que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ha cobrado casi 500 vidas y generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, fruto principalmente de la represión lo mismo general que selectiva, y ha causado daño masivo a la economía nacional.
Retirado el decreto, la masiva exigencia de la población pasó a enfocarse en la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos, a lo cual la pareja gubernamental ha respondido mediante la represión de la protesta popular.
