George Rodríguez EP. Los “autoconvocados” –personas participantes en acciones populares antigubernamentales- removieron, la mañana de este viernes, el “tranque” –bloqueo carretero- que mantuvieron durante aproximadamente sesenta días en el sector de Juigalpa, en el centro de Nicaragua, informó Denis Báez, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La remoción del tranque fue resultado de una reunión desarrollada entre dirigentes de la sociedad civil, representantes de la Iglesia católica, autoridades policiales, y el Cenidh, precisó.
Existía el riesgo de un inminente enfrentamiento, en el tranque, entre pobladores locales y unos 400 efectivos policiales antidisturbios, lo que, tal como viene ocurriendo en el marco de la violenta crisis sociopolítica nicaragüense estallada hace casi tres meses, habría generado un derramamiento de sangre, indicó Báez.
El acuerdo para la remoción del tranque está contenido en el “Protocolo de desocupación libre y voluntaria de los tranques de la ciudad de Juigalpa y de respeto de los derechos de los manifestantes”, precisó el activista de derechos humanos.
El protocolo prevé, además, que “las autoridades del Gobierno y de la Policía Nacional asegurarán que quienes hayan participado o apoyado los tranques, así como sus familias, no recibirán represalias de ningún tipo por haber participado en esta forma de protesta”.
Según lo convenido, ese sector carretero quedaría despejado a más tardar al mediodía, indicó, además, Báez, quien explicó que el acuerdo se logró “con la mediación de la Conferencia Episcopal y actores de la sociedad civil, en el convencimiento (de) que esta acción, además de permitir una salida pacífica, promueve un desarrollo en mejores condiciones del necesario Diálogo Nacional”.
El dirigente hizo así mención del complejo Diálogo Nacional que, promovido por el gobierno y mediado y atestiguado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), apunta a hallar una solución negociada al conflicto.
Instaladas el 16 de mayo, las conversaciones están actualmente suspendidas –como lo han estado la mayor parte del tiempo-, a causa de la intransigencia de gobierno y oposición.
Lo acordado para remover ese tranque en el sector de Juigalpa –la capital del central departamento (provincia) nicaragüense de Chontales- “fue un gesto que abona al Diálogo Nacional”, subrayó Báez.
Nicaragua es escenario, desde el 18 de abril, de la escalada de violencia que, enmarcada en la crisis sociopolítica estallada entonces, ha cobrado más de 350 vidas, causado heridas a más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de estar severamente golpeando a la economía nacional.
La situación comenzó a raíz de un fracasado decreto presidencial para modificar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pero de inmediato pasó a centrarse en la creciente exigencia popular de que el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –algo que la pareja gobernante se ha negado a hacer-.
