George Rodríguez EP. La violenta crisis sociopolítica estallada en abril en Nicaragua ha cobrado 351 vidas y generado 2,100 heridos -51 de ellos con lesiones permanentes-, informó este miércoles la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
La mayoría de las víctimas -333- eran hombres frente a 18 mujeres, mientras 306 eran civiles, 29 pertenecían a grupos parapoliciales, y 16 eran efectivos policiales, según los datos contenidos en el informe que la ANPDH dio a conocer en conferencia de prensa.
Además, 289 de las víctimas murieron por uso de armas de fuego, dos fallecieron por uso de granadas y otros dos por mortero, mientras 10 más fallecieron por heridas de arma cortante.
El desglose por departamento (provincia) ubica a Managua con 162, seguido por Masaya (35), León (26), Carazo (25), y Matagalpa (23).
La ANPDH registró, además, durante el período la desaparición de 261 personas, de quienes se desconoce el paradero, así como un número no precisado de personas liberadas, luego de arresto arbitrario –que incluyó tortura y otros tipos de maltrato, por parte de efectivos policiales y parapoliciales-.
Las liberaciones fueron fruto de gestiones de la ANDPH y la Iglesia católica, según lo indicado en el informe.
Al dar a conocer el informe, el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, reiteró, asimismo, la denuncia sobre existencia de centros clandestinos de detención, además del uso de locales del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como sitios para torturar a secuestrados bajo sospecha de haber apoyado las protestas antigubernamentales.
Leiva también se refirió a lo que describió como el uso, desmedido y desproporcionado, de armas de uso exclusivamente militar, por parte de efectivos policiales y grupos parapoliciales, lo mismo que la intervención de francotiradores en la represión gubernamental antiopositora.
La violenta crisis sociopolítica estalló el 18 de abril, a causa de un fracasado decreto presidencial que incluía reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la masiva protesta pasó a centrarse en la exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
