POR ADA COLAU.
Mañana, con motivo de la Diada, miles de catalanes volverán a expresar en las calles su voluntad de decidir libremente su futuro y su deseo de independencia frente a un estado que ignora sus derechos y libertades nacionales. No se cansen en contarlos, serán muchos. Quizás sean más o quizás menos que en los últimos cuatro años. En cualquier caso, volverán a ser un número suficiente para que cualquier gobierno con vocación de escuchar a la ciudadanía los tenga en cuenta. Por desgracia, no será el caso del presidente en funciones. Ya podemos avanzar su respuesta: alabanzas a la “inquebrantable unidad de España” y firmeza para hacer frente al “desafío secesionista”.
El inmovilismo crónico de Rajoy ha alimentado el mantra de “España es irreformable” entre algunos sectores del independentismo. Se trata de un argumento que no comparto, y que desde un punto de vista ético siempre me ha parecido reaccionario. ¿Quién puede negar a una comunidad política la capacidad y el derecho a ser transformada y mejorada mediante el ejercicio de la democracia y la participación ciudadana? En cambio, quien sí se ha revelado cómo irreformable es la derecha española, que a lo largo de 150 años ha sido incapaz de desprenderse de una visión centralista, homogeneizadora y trasnochada de España. Cada vez que Rajoy amenaza a las instituciones catalanas con medidas penales, no está insultando sólo a los representantes del pueblo catalán, sino al conjunto de la España democrática.
La actual desafección catalana con el Estado español tiene un detonante, la Sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto, y un principal responsable, el Partido Popular, que de forma insensata y por puro interés partidista prefirió explotar la vía del enfrentamiento territorial y el recurso a los tribunales. De esos polvos, estos lodos. La actitud claudicante del PSOE tras la Sentencia y el proceso recentralizador impulsado por el PP han convertido el autonomismo en una vía muerta.
Una parte muy importante de la población catalana, y del conjunto del Estado, ya no se siente representada en el pacto constitucional de 1978. El país ha cambiado. Es necesario y urgente ampliar el reconocimiento y garantía de los derechos civiles y sociales, incluyendo también el derecho a decidir del pueblo catalán a fin que éste pueda decidir libremente cuál tiene que ser su relación con España, sea ésta federal, confederal o de independencia. No se trata de un desafío a la democracia, sino de un desafío democrático. Se trata de ampliar la capacidad de decisión de la ciudadanía frente a aquellos que defienden una lectura inmovilista y restrictiva del texto constitucional. Ante esta voluntad democrática, la judicialización del conflicto no solo constituye la peor salida posible, sino que trae aparejada una consecuencia todavía más tenebrosa: la politización de la justicia, al convertir los tribunales en una tercera cámara sin control ciudadano. Los efectos de esta no-solución son de sobra conocidos: aumento de la polarización, pérdida de confianza en las instituciones y bloqueo político, que en este último ciclo electoral ha alcanzado incluso la gobernabilidad del estado. Por supuesto, estamos ante un asunto complejo, que no admite soluciones mágicas. Estoy convencida que para abordarlo correctamente son necesarias grandes dotes de escucha y diálogo, actitudes para las cuáles la derecha española, en sus formas más viejas o más nuevas, parece incapacitada.
Es urgente una modernización del modelo territorial que apueste decididamente por el reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho a decidir. Sin embargo, en las condiciones actuales, la incorporación a este nuevo modelo no puede realizarse a través de la imposición, sino tras el reconocimiento previo de las múltiples soberanías que libre y fraternalmente decidan sumarse, o no, a articular un proyecto común. Este es el reto que tenemos entre manos; no solo en España, sino también en Europa.
Pasado mañana, cuando las calles catalanas recuperen la normalidad, la cuestión territorial seguirá allí. Las elecciones vascas y gallegas volverán a recordarnos que la España uniforme de Rajoy es tan sólo un constructo mental. España es ya un estado plurinacional de hecho. Ahora necesita serlo también de derecho.
Ada Colau es alcaldesa de Barcelona.
