Por Rosemary Castro Solano*
De noche, todos los gatos son negros” dice el refrán popular para explicar cómo, en tiempos de oscuridad, todos los problemas suelen verse desde la misma óptica. Este refrán, que muchos aplican en el cotidiano, parece ser la lógica empleada por el diario del sector hegemónico en Costa Rica, La Nación, en su editorial del miércoles 21 de noviembre, paradójicamente titulado “Incoherencia política”.
Básicamente, el escrito en cuestión dice a los lectores que la reacción de indignación nacional ante la jugarreta legislativa y oficialista de no reelegir al magistrado Fernando Cruz no es más que el resultado de la actitud “convenenciera” de algunos partidos políticos sin verdadero compromiso con la institucionalidad. Así, como se lee. Luego, para secundar semejante lectura miope de la realidad nacional, los brillantes editorialistas de La Nación emplean uno de los ejemplos más tristemente claros de falacia que he visto en tiempos recientes: equiparan la votación en setiembre de 2010 para reelegir a Ernesto Jinesta Lobo como magistrado de la Sala Constitucional con el caso del ajusticiamiento político en la no reelección del magistrado Fernando Cruz Castro.
Para ello, La Nación emplea como tesis las declaraciones dadas en aquel momento por los partidos que votaron en contra de la reelección de Jinesta, subrayando los argumentos entonces esgrimidos de que “no habían olvidado la sentencia a favor de la reelección presidencial y que a otros les habían disgustado las opiniones de Jinesta en el fallo sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Asimismo, no faltaron quienes le cobraron el voto en el caso de la minería en Crucitas”.
Y es aquí donde resulta evidente que la lectura esbozada en el editorial, además de miope institucionalmente (rayando en ciega), lleva una clara intención política que, sin embargo, trata de disfrazar bajo una fachada de neutralidad. La Nación, una vez más, busca que le creamos su postura neutral y aséptica en la lectura que hace de esta crisis institucional y política, pues pretenden, bajo una línea editorial envuelta en aires de sapiencia, dar por cierto que en política todos los actores tienen el mismo peso y las asimetrías o el conflicto no hace diferencia.
Falso y grave. Falso porque una falacia es justamente un razonamiento no válido pero con apariencia de correcto y que vulnera alguna regla lógica. Así, si las palabras del apóstol del “chunchiguismo” constituyen falacias no formales porque buscan convencer sin aportar razones sino sólo elementos irracionales, el editorial de La Nación es una clara muestra de falacia formal que desea hacerse pasar por legítima, y que podría pasar inadvertida si el editorial no se leyera con ojos críticos, que son justamente los ojos que el periódico en cuestión se ha dedicado a desincentivar a través de los años.
Sin embargo, el error y su intención quedan más que claros. Quedamos informados de que, para La Nación, contar con la venia de las élites de poder político, económico y mediático tiene exactamente el mismo peso que no contar con ella. Es decir, no existen las asimetrías entre actores políticos y, eso que llamamos “conflicto”, les suena a fábula esgrimida hace un par de siglos por un barbudo de cuyo nombre prefieren no acordarse. Por consiguiente, dado que la Nación sólo considera el hecho y no la dinámica de poder en la que se inscribe, podemos suponer que probablemente homologan golpe de Estado con revolución. Tal parece ser su lectura.
Pues, valgan estas líneas para hacerles algunas observaciones de fondo. En primer lugar, no, señores. No es lo mismo representar los intereses de las minorías poderosas o élites que abogar por los derechos de las mayorías excluidas y por el interés nacional. Votar a favor de una reelección presidencial no permitida por la Constitución y que ya había sido rechazada, es muy diferente a votar en contra de una explotación minera que lesiona los intereses nacionales y cuyo trámite espurio se hizo para favorecer a una transnacional y a un grupo de poder político-económico que pretende, a todas luces, apropiarse de todas las esferas de la vida nacional.
Los votos del señor magistrado Fernando Cruz Castro han demostrado desobedecer las órdenes de los capos políticos y eso, señores editorialistas, tiene un peso. Las posiciones de Cruz en los casos del TLC, de Crucitas, del hábeas corpus de Calderón, entre otros, hablan de independencia de criterio frente a los bloques poderosos. No obstante, los votos de Cruz no sólo han resguardado el interés nacional frente a los ímpetus de los grupos ebrios y sedientos de poder, sino que han representado verdaderas reivindicaciones de los derechos humanos de los grupos tradicionalmente vulnerados.
A manera de ejemplo, tomo prestadas las palabras recientemente publicadas por la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Magistrada Zarella Villanueva Monge, al destacar la labor de Cruz y decir “Desde hace más de seis años el magistrado Cruz Castro se integró como miembro de la Comisión de Género de esta Corte, desde donde ha dado una lucha constante por el reconocimiento de la especial condición de las mujeres. Ese compromiso lo ha asumido en sus resoluciones jurisdiccionales, en los pronunciamientos emitidos por la Corte Plena. Don Fernando representó a la Corte en el Convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social para lograr que a las víctimas de delitos sexuales se les brindara retrovirales. (…) Las ocho ocasiones en que la Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres fue cuestionada ante la Sala Constitucional, los votos de don Fernando recogieron las esperanzas de quienes encontraban amparo en esa normativa”.
De la misma forma, recientemente los directores de la Fundación Neotrópica, Bernardo Aguilar González y María Estelí Jarquín, nos recordaron que los fallos del magistrado Cruz en defensa de la naturaleza no se limitan al caso de Crucitas, sino que incluyen la sanción a la contaminación ocasionada por granjas avícolas, la necesidad de que las torres de telefonía celular cumplan con los requisitos de SETENA, la contaminación generada por los vertederos municipales, las construcciones sobre nacientes, la contaminación ambiental de lecherías, la contaminación sónica, la salvaguarda de arrecifes, la contaminación fecal de aguas, la tala indiscriminada de árboles, la contaminación por quemas y las actividades que afectan acuíferos subterráneos.
Así las cosas, aunque La Nación se las de de “muy muy” en disque-aséptico e inocuo editorial, queda más que claro que no todos los gatos son negros en la oscuridad y que tratar de homologarlos en color es sólo un intento por invisibilizar la verdadera naturaleza de este atentado a la institucionalidad democrática en Costa Rica. No es lo mismo defender los derechos de las elites que velar por los intereses patrios. No es lo mismo abogar por las transnacionales que por los grupos tradicionalmente marginados. No es lo mismo, ni jamás tendrá el mismo significado o peso político.
Los regímenes políticos de opinión, tales como la democracia, deben fundamentarse en la pluralidad y en la oposición de ideas para buscar la construcción permanente de consensos. Sin embargo, dicha oposición no debe esgrimirse como argumento para querer “meter gato por liebre” a nivel ideológico y, mucho menos, cuando se está en una posición de formación de opinión pública, como es el caso del editorial de un diario de masiva circulación. Así que, señores de La Nación, “a otro perro con ese hueso”.
* Politóloga y educadora. Estudiante de Maestría en Comunicación de la UCR.
