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Venta irregular de Canal 9 evidencia excesiva concentración de medios en pocos grupos

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Geovanny Jiménez S. Ante la noticia de que la empresa Repretel estaría, aparentemente, por adquirir también el Canal 9, la Red de Medios de Comunicación Alternativos (Redmica) y el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, han dado el grito al cielo por la ya evidente concentración de frecuencias públicas en pocas manos.

“Como bien público, todas las frecuencias de radio y televisión deben mantenerse bajo el control del Estado”, plantea la Redmica, en un comunicado, por la preocupación de que al menos dos grupos concentran una gran cantidad de medios, tanto televisivos como radiofónicos.

Después de esta adquisición, la empresa Repretel manejaría 17 frecuencias de televisión y 11 radioemisoras, que se dividen en 11 matrices televisivas en los canales 2, 4, 6, 9, 11, 17, 21, 25, 46, 64 y 68, así como 6 repetidoras: canales 3, 12, 22, 26, 34 y 39.

Pero además en las frecuencias radiales la misma empresa acumula 11 radioemisoras: Monumental (93.5FM), La Mejor (99.1FM), Best (103.5 FM), Disney (101.1 FM), Exa (102.7 FM), Z FM (95.1 FM), Reloj (94.3 FM), Managua (670 AM), Heredia 890 AM), Pacífico (730 AM) y Planchatón (980AM).

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Además de Central de Radios, hay otros grupos que han acumulado gran cantidad de radio difusoras. A ellos se suma la nacional Teletica, que tiene el canal 7 y un par de repetidoras, así como canales especializados como Expertv y TD+ que se ubican en VHS y en Cabletica, cablera de la misma empresa.

En el espectro -además del 7- existen el Canal 13 del Sinart que es parte del Estado, el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, la frencuencia del 42 de Extra tv y algunas otras religiosas y regionales.

La Redmica y el Movimiento “denuncian la concentración de medios de comunicación en manos de unos pocos grupos de poder económico en Costa Rica y la falta de control y accionar de parte del Gobierno para impedir esta concentración”.

Estas organizaciones, de las que hacen eco organizaciones sociales y políticas del país,  indican que “esta concentración mediática es un atentado contra la democracia, la pluralidad mediática y la libertad de expresión. La diversidad de contenidos en la radio y la televisión es un derecho que tiene la ciudadanía y es algo que tiene que ser tutelado”.

Exigen aclarar venta irregular de Canal 9

“Como integrantes de la sociedad civil y en defensa del derecho humano a la comunicación y de la libertad de expresión, exigimos que se aclare lo que está sucediendo con la frecuencia televisiva de Canal 9”, señala la RedMica y el Movimiento por el Derecho a la Comunicación.

La Redmica ha realizado desde hace años una lucha decidida por participar de los procesos de decisión en la digitalización de la radio y televisión, sin resultados positivos porque en dichas consejos solo están representantes de las cámaras empresariales de radio y muy poca participación del sector social, además ha peleado porque algunas frecuencias sean devueltas al Estado para permitir a otros actores emitir nuevas voces en la democracia del país.

Ellos exigen que el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT) ejecute el acuerdo 006-036-2012, tomado en sesión ordinaria del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

“Este acuerdo ordena al Viceministerio de Telecomunicaciones recuperar las frecuencias otorgadas a la empresa Otoche S.R.L., actualmente bajo administración de Repretel y que maneja los canales 17, 21, 25, 64 y 68, todos en desuso, lo que implica una subutilización del espectro radioeléctrico que limita el acceso de otros actores a este bien público”, afirman.

La Redmica, con el apoyo de muchas entidades más, impulsan una nueva Ley de Radio y Televisión más inclusiva y democrática, principalmente pensando en que la ley actual es antigua y por ello también anacrónica. Actualmente están en proceso de obtener las firmas para introducirla al Congreso mediante una iniciativa popular.

En el pasado también han denunciado la obstrucción que ha sufrido la discusión al respecto por parte de la actual Cámara Nacional de Radio (Canara), entidad que ha calificado el proyecto de peligro.

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