Allan Madriz | EP. Una campaña internacional busca detener la decapitación y crucifixión del joven de 21 años, Ali Mohamed al Nimr, quien fue condenado a la pena de muerte por el gobierno de Arabia Saudita.
Mohamed Al Nimr tenía 17 años cuando en el año 2012 fue detenido y acusado de haber participado en protestas contra el gobierno y de poseer ilegalmente armas de fuego.
Dos años después de lo ocurrido fue condenado a morir decapitado y crucificado, sentencia que fue apelada; sin embargo el gobierno Saudí indicó en las últimas horas que la apelación ha sido desestimada.
Activistas aseguran que el juicio no cumplió las normas internacionales y su apelación se celebró en secreto; además denuncian que Al Nimr fue torturado, se le negó el acceso a abogados y fue obligado a firmar una confesión bajo coacción.
“La persona es decapitado, normalmente por la espada, y luego su cuerpo se muestra en un lugar público en un jibbet. La razón por la sentencia es bastante inusual es que se utiliza para hacer un ejemplo de la gente”, indicó Catherine Higham, investigadora de la ONG Reprieve.
La ejecución del joven podría estar motivado políticamente, según indicó el International Business Times. Al Nimr es sobrino del clérigo chiita Sheikh Nimr al-Nimr Baqr, un opositor al régimen saudí, que también ha sido condenado a muerte.
“Este es un caso con un marcado carácter político y lo podemos ver con el castigo que se le da. La crucifixión que es una pena reservada para algunos delitos con los que se pretende dar ejemplo”, dijo la directora del equipo contra la pena de muerte de la ONG que lidera la campaña, Reprieve, Maya Foa.
Expertos de la ONU y organizaciones de activistas internacionales exigieron que Arabia Saudita detenga la ejecución de Al-Nimr.
“Hacemos un llamado a las autoridades saudíes para asegurar un nuevo juicio justo de Ali Mohammed al-Nimr, y detener de inmediato la ejecución programada”, dijeron los expertos de la ONU.
Arabia Saudita posee los índices de ejecución más altos del mundo, según estadísticas internacionales, han ejecutado 2.200 personas entre enero de 1985 y junio de 2015, casi la mitad de ellos extranjeros y algunos eran delincuentes menores y personas con discapacidades mentales.
