Allan Madriz | EP. Tan solo unas horas después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconociera el decreto que regula la Fertilización in Vitro (FIV) en Costa Rica, opositores del decreto presentaron un recurso de amparo para oponerse a la implementación de esta técnica en el país.
Un grupo de diputados cristianos (Mario Redondo, Fabricio Alvarado, Abelino Esquivel y Gonzalo Ramírez) y legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), como Willian Alvarado y Johnny Leiva, en conjunto con representantes de la Iglesia católica y grupos “Pro Vida” firmaron el recurso de amparo presentado este martes 15 de setiembre.
Los asistentes a la entrega del recurso de amparo se presentaron en las afueras de la Sala Constitucional acompañados de pancartas, mantas y consignas a favor de buscar proteger la vida.
“Cualquier legislación que se llegue a dictar en esta materia debe garantizar el derecho a la vida con estrictas salvaguardias, y nunca jamás permitir que se descarten embriones o sean transados de ninguna forma”, indicó el diputado social cristiano Alvarado.
Por su parte el diputado del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, indicó que buscan la defensa de los embriones.
“Hoy firmamos por Costa Rica, hoy firmamos a favor de los embriones costarricenses que tienen derecho a vivir… Esperamos que la firma de las miles de personas que nos acompañaron hoy sirva para defender a los embriones tal y como lo ordena la Constitución y las leyes nacionales”, indicó Fabricio Alvarado en su cuenta de Facebook.
El diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, indicó que el recurso de amparo protege busca proteger la vida.
“Presentamos ante la Sala Constitucional un Recurso de Amparo contra el Decreto Presidencial que regula la FIV, una técnica en la que muere el 92% de los embriones humanos que son utilizados”, indicó Redondo en su cuenta de Facebook.
Además de este recurso de amparo, los opositores indicaron que también presentarán en los próximos días un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto firmado por Luis Guillermo Solís.
Por su parte Solís indicó que cualquier ciudadano en contra del decreto tiene derecho a recurrir a las vías legales correspondientes y será la Sala Constitucional quien resuelva la validez del decreto.
