La Defensoría de los Habitantes urgió al Poder Ejecutivo que firme la Ley sobre Estafas Bancarias (expediente 23.908), que obligaría a las entidades financieras a responder por el dinero que pierdan los clientes víctimas de estafas electrónicas, una iniciativa que generó fuerte debate entre diputados y el sector bancario.
La reforma fue avalada en la Comisión con Potestad Legislativa Plena III con el voto de los 14 legisladores presentes y aprobada el 4 de marzo anterior.
La normativa establece que los bancos y demás entidades financieras deberán indemnizar a sus clientes cuando se compruebe que fueron víctimas de fraudes electrónicos, como transferencias ilegítimas o sustracción de fondos desde cuentas bancarias.
El proyecto introduce cambios en la legislación de defensa del consumidor para establecer que las entidades financieras son responsables de custodiar el dinero depositado por sus clientes. En consecuencia, deberán responder por los daños ocasionados cuando ese dinero sea sustraído mediante estafas o accesos ilegítimos.
Uno de los elementos centrales de la reforma es que la carga de la prueba se invierte en favor de las víctimas. Esto significa que ya no será el cliente quien deba demostrar que fue estafado, sino que corresponderá al banco probar que no tuvo responsabilidad en el fraude.
Además, la legislación obliga a las entidades financieras a crear mecanismos más ágiles para investigar los casos y devolver el dinero sustraído, cuando se compruebe el carácter ilícito de las transacciones.
La iniciativa fue presentada por el diputado liberacionista Óscar Izquierdo y recibió respaldo de distintas fracciones legislativas, incluyendo PLN, PUSC, Frente Amplio, PLP, Nueva República, oficialismo e independientes.
El objetivo, según sus impulsores, es equilibrar la relación entre los usuarios del sistema financiero y las entidades bancarias, ante el aumento de fraudes electrónicos en el país.
Desde la Defensoría señalan que cientos de afectados claman por ayuda, y esperan la ansiada firma de esta iniciativa por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
“Esta ley, en la que esta Defensoría participó como co-redactor, representa un importante avance para garantizar la defensa efectiva de los derechos de los consumidores financieros, por lo que la espera en la entrada en vigencia, incrementa el riesgo para atender los casos que todavía se mantienen en trámite.
Por este motivo, desde la Defensoría, hacemos un respetuoso llamado a la Presidencia de la República para que se brinde el procedimiento correspondiente de firma para su entrada en vigencia”, señalaron.
Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que las estafas electrónicas han registrado un fuerte incremento en los últimos años, lo que motivó la discusión de mecanismos legales para fortalecer la protección de los consumidores.
